Zavaleta reconoció que junto a Romero y Héctor Arce participaron y consensuaron la ley para dejar sin efecto los comicios de 2019 por el fraude denunciado por la OEA, llamar a nuevas elecciones y desconocer la reelección indefinida
Javier Zavaleta, Carlos Romero y Héctor Arce fueron los tres exministros de Evo Morales que avalaron la ley de convocatoria a las elecciones generales en 2019 y participaron en el diálogo por la pacificación del país en 2019, tras la renuncia y salida del país del exmandatario. La norma fue aprobada por unanimidad el 22 de noviembre de ese año en la Asamblea Legislativa Plurinacional, dominada por el MAS.
En su contenido, la Ley 1266 reconoció que hubo el fraude denunciado por la OEA y desconoció la reelección indefinida. Con ese mismo instrumento legal, Luis Arce llegó a la Presidencia un año después.
El exministro de la Presidencia -al inicio del Gobierno de transición- Jerjes Justiniano, en conversación telefónica con EL DEBER reveló el viernes que esa ley electoral fue consensuada con los exministros de Defensa, de Gobierno y el de Justicia del renunciante presidente Evo Morales.
Según él, las conversaciones se realizaban en medio del caos provocado por el MAS, que tenía el objetivo de provocar conflictos en todo el país. La finalidad era la guerra civil para que Morales vuelva.
“Romero, Zavaleta y Arce Zaconeta me decían que la única forma de pacificar Bolivia era permitiendo el retorno de Evo. Les respondí que eso incendiaría más al país”, dijo Justiniano quien se encuentra refugiado en el exterior.
El exministro de Defensa, Javier Zavaleta, admitió que participó de las negociaciones, pero desmintió que exigieran la vuelta de Morales a la Presidencia de Bolivia.
“Es falso que nos cerramos a que la solución pasaba por el retorno de Evo. Es probable que en algún momento se haya planteado eso, pero el motivo central de la reunión fue la convocatoria a elecciones generales y ellos retrasaban eso con un llamado al repliegue de las movilizaciones. En ese entonces, no teníamos control de la gente que salía sin instrucción de nadie”, aseguró el exministro de Defensa en la gestión de Morales.
Sin embargo, Justiniano relató que ese 21 de noviembre “estábamos con los tres ministros, e irrumpieron en la reunión Eva Copa, Sergio Choque, quien era presidente de Diputados, y el senador Omar Aguilar (todos del MAS). Estaban muy molestos. Eva estaba indignada y dijo que ellos no tenían autoridad moral para negociar nada. Al final, nos sentamos entre todos, concertamos la ley, artículo por artículo, en presencia de los tres exministros”.
Justiniano insistió en que él quiso retirarse cuando llegó el momento de discutir la ley. “Yo quería ser respetuoso con el Legislativo, pero los tres exministros me pidieron que me quedara, porque era una prenda de garantía. Esa norma que consensuamos fue aprobada por unanimidad, no tuvo un solo voto en contra, debe ser la única en la historia. Esa ley fue firmada por Jeanine Áñez, presidenta constitucional de Bolivia, y ahora vienen a decir que fue golpe. No pues, se lo han inventado”.
Zavaleta no coincidió con esta versión. “La ley la discutieron los integrantes del Legislativo: Copa, Choque y otros. Nosotros sí definimos los términos generales, que no podía vetarse a ninguna sigla, con lo que salvamos al MAS. Aceptamos que Evo no participaría. El detalle lo vieron los asambleístas”.
No obstante, Justiniano remarcó que los tres exministros hablaron con México, donde estaba Morales, “y aceptaron que hubo fraude y que no podía participar el expresidente, desconociendo ellos mismos la reelección indefinida”.
Este medio preguntó a Zavaleta si es que al generar esta ley, consensuarla y admitir que Áñez la promulgue como presidente constitucional no era un reconocimiento implícito de que no hubo golpe. Respondió: “En términos jurídicos, la paradoja de los golpes de Estado y de los dictadores es que llegaron al poder de una forma antijurídica, inconstitucional. Sin embargo, ejercen el Gobierno. Son ilegales, pero sus actuados generan legalidad. Lo mismo pasó con Hugo Banzer y Luis García Meza. Luego, los tribunales constitucionales evalúan qué actuados quedan y cuáles no. Eso pasó con Áñez, generó elementos que hicieron a la legalidad del Estado en ese año, por sus acciones en coordinación con el Legislativo”.
Consultado, el constitucionalista Gustavo Mendoza aseguró que “con la aprobación de esta ley el Órgano Legislativo reconoció la constitucionalidad de la gestión presidencial de Jeanine Áñez. Toda ley es constitucional hasta que el TCP declare su inconstitucionalidad por el principio de presunción de constitucionalidad de la ley, reconocido por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional boliviano, pero eso no pasó”.
El informe de la Iglesia
El informe de las negociaciones que presentó la Conferencia Episcopal Boliviana detalla que el 21 de noviembre se consensuó la ley, dos días después de los hechos ocurridos en la planta de Senkata, donde 11 personas murieron y 78 resultaron heridas tras un enfrentamiento entre personas que protestaban por la salida de un convoy de gasolina con la Policía.
Ese día 21 comenzó el contacto con los facilitadores, conformado, además, por la embajada de la Unión Europea y la ONU con la entonces presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), el de Diputados, Sergio Choque (MAS), y la bancada masista. “Fue una reunión difícil. Existían dos posturas en el MAS: La de las exautoridades y la de aquellos que estaban en funciones. Participaron los exministros Javier Zavaleta, Héctor Arce, Carlos Romero y la senadora Adriana Salvatierra. También los senadores Omar Aguilar, Copa, Milton Barón y Efraín Chambi; la diputada Betty Yañíquez”, dice el documento.
En ese encuentro “se consensuaron los temas finales de la ley”. El 22 de noviembre, la Asamblea sesionó y aprobó la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de las elecciones generales, “que fijaba un plazo de 20 días para que la Asamblea eligiera a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, consolidando el nuevo proceso eleccionario y la continuidad de la democracia”, se lee en el informe de la Conferencia Episcopal.
El documento establece que la Ley 1266, aprobada “por unanimidad”, formalizó cuatro acuerdos. Primero, se dejaron sin efecto las elecciones del 20 de octubre de 2019 y sus resultados. Esta decisión se fundó en el informe de la OEA”, con lo que el MAS admitió que hubo fraude. Segundo, convocó a nuevas elecciones.
El tercer punto ratificó el artículo 19, numeral II de la CPE: “Las y los candidatos que hubieran sido reelegidos en forma continua a un cargo electivo durante los dos periodos constitucionales anteriores, no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo”. Al aceptar, el MAS echó por la borda la reelección indefinida. En el cuarto punto, se establecían los mecanismos para seleccionar vocales del TSE y de tribunales departamentales por más de dos tercios de votos.
