“No nos sorprende este nuevo ataque de EE.UU. Nos preocuparía que el país que financió magnicidios, golpes de Estado, invasiones y delitos de lesa humanidad nos apoye”, publicó el titular del MAS en su cuenta de Twitter.

 

El informe se conoció un día antes que se realice un Cabildo en Santa Cruz para definir acciones para presionar al Gobierno a que realice el Censo Nacional de Población y Vivienda en 2023.

El último cabildo realizado en 2019 sirvió como preludio de la crisis política que generó la salida del mandatario y el gobierno de facto de la ahora detenida, Jeanine Áñez.

El Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) avaló el informe emitido por la OEA sobre las elecciones generales de 2019, en las que se detectó “irregularidades graves” que imposibilitaban validar los resultados de esos comicios.

Este reporte, que fue solicitado por el Congreso de Estados Unidos, sistematiza información respecto a esos comicios, que fueron anulados tras conocerse los resultados de la auditoría realizada por la OEA, a solicitud del entonces presidente Evo Morales, quien había ganado las elecciones.

En dicho proceso electoral, realizado el 20 de octubre de 2019, Morales resultó ganador, superando en votación a su contendor y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

Varios sectores denunciaron un supuesto fraude en esos comicios por la sus pensión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que por unas hora dejó de actualizar en tiempo real el conteo de los votos.

Aquello derivó en movilizaciones de varios sectores a nivel nacional, que duraron 21 días, hasta que finalmente lograron su cometido; primero, se anuló ese proceso y, horas después, la renuncia de Evo Morales.

Dos días después, la entonces senadora Jeanine Áñez se declaró, primero, presidenta del Senado y luego Presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quórum reglamentario ni la presencia de la bancada mayoritaria del MAS.

Ante esos hechos se originaron protestas en apoyo al dimisionario Evo Morales en varias regiones.

Los “delitos de lesa humanidad” a los que se refiere Morales es a la violencia que ejercieron miembros de las Fuerzas armadas y la Policía, amparados por el Decreto 4078, que eximía de responsabilidades a los efectivos.

Dichas acciones derivaron en la muerte de 20 personas; el 15 de noviembre se produjo la masacre de Sacaba (Cochabamba) con 10 decesos, y cuatro días después, la masacre de Senkata (El Alto), con otras 10 muertes por impactos de bala.