Se espera que en Brasil la electricidad se vuelva aún más cara en los próximos años si el gobierno no deja de apostar por los combustibles fósiles.
Una central termoeléctrica en Carauari, Amazonas.Frente al riesgo de un apagón semejante al que sufrieron los brasileños en 2001, el gobierno de Brasil contrató 14 usinas termoeléctricas impulsadas a gas natural, a un precio hasta siete veces mayor que las hidroeléctricas, según informa el Instituto de Energía y Medio Ambiente. En consecuencia, el consumidor pagó un 20% más en la factura de la luz en 2022 respecto a 2020.
Con alta inflación y una energía cada vez más cara, la luz se ha convertido en un artículo de «lujo»: según una encuesta del instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec) y el Instituto Clima e Sociedade, el 22% de los brasileños dejó de comprar alimentos básicos para poder pagar las facturas de luz y gas.
Las centrales térmicas no dependen de las lluvias, pues generan energía a partir de la quema de combustibles. «Brasil está pagando las consecuencias de una falta de planeamiento que nos dejó rehenes de las hidroeléctricas, cada vez más inestables frente al cambio climático, y las termoeléctricas, mucho más contaminantes, acelerando la crisis climática”, dice a DW Ilan Zugman, director para América Latina de 350.0rg, una oenegé que lucha por la transición energética y la justicia climática.
Para Ilan Zugman, debido a que Brasil cuenta con las condiciones climáticas y geográficas para la expansión de la energía eólica y solar, el país está perdiendo dinero. «Las energías eólica y solar son cada vez más baratas, y muchos estudios demuestran que el sector está generando más empleos que las fuentes fósiles. Dado el potencial de Brasil para generar energía limpia, el país está perdiendo tiempo y oportunidades al insistir en una política de subsidio a los combustibles fósiles», sostiene Zugman.
Según el coordinador de Energía Eléctrica del Instituto Clima e Sociedade, Roberto Kishinami, el consumidor también carga con el negacionismo del gobierno, que fue alertado por el Operador del Sistema Eléctrico Nacional sobre la crisis del agua, pero no tomó las debidas medidas a tiempo.
El negacionismo encarecerá las facturas en los próximos años
Cuando contrató a las 14 centrales termoeléctricas, en 2021, el gobierno de Brasil ordenó el funcionamiento ininterrumpido de las mismas. Otro factor que hará subir las facturas de electricidad en los próximos años es un préstamo multimillonario para pagar a las termoeléctricas contratadas. En diciembre del año pasado, el gobierno realizó una nueva subasta para contratar energía a ser entregada entre 2026 y 2027, la Subasta de Reserva de Capacidad, que contrató por más de 15 años a otras 16 usinas termoeléctricas. La ley de privatización de Electrobras, sancionada por el presidente, Jair Bolsonaro, prevé la contratación de termoeléctricas de gas a partir de 2026, para operar en tiempo integral.
Cálculos de la Empresa de Investigación Energética (EPE), vinculada al Ministerio de Minas y Energía, estiman que la ley de privatización de Eletrobrás generará un costo adicional al sector de más de 52.000 millones de reales, solo tomando en cuenta el valor para operar las usinas hasta 2036.
La central hidroeléctrica de Belo Monte, en el estado de Pará. Subsidios millonarios al carbón
En 2021, más de 40 países firmaron el acuerdo durante la COP26, la Conferencia de la ONU sobre el clima, para poner fin a la energía obtenida del carbón hasta 2040. Sin embargo, Brasil no firmó el acuerdo. En enero, Jair Bolsonaro sancionó una ley que garantiza la contratación de termoeléctricas a carbón en Santa Catarina por otros 15 años, además de garantizar subsidios multimillonarios para financiar la construcción de más termoeléctricas en ese estado hasta 2040. Si la comunidad internacional cumple con el objetivo de limitar el calentamiento global a menos 2°C para finales de siglo, las plantas de energía fósil, grandes emisoras de gases de efecto invernadero, no tendrán futuro y, por tanto, no brindarán retorno financiero a sus inversores, convirtiéndose en un «activo varado”.
El Instituto de Energía y Medio Ambiente (IEMA) analizó los contratos firmados en las subastas termoeléctricas y afirmó que el sistema eléctrico brasileño, al contratar energía a partir de la quema de combustible por otros 15 años, se aleja del objetivo global de reducción de gases de efecto invernadero y cero carbono para 2050.
Como ejemplo, un documento del IEMA indica que una sola térmica puede emitir durante un año una cantidad de óxidos de nitrógeno (NOx) equivalente a 100 días de tráfico vehicular en la ciudad de Sao Paulo.
Otro impacto de las plantas termoeléctricas es la cantidad de agua utilizada para enfriar sus sistemas que queman combustible. «Un ejemplo de esa inviabilidad se va a exponer en Macaé, en Río de Janeiro, donde hay 16 proyectos termoeléctricos en diferentes etapas de concepción. Sucede que la cuenca hidrográfica que abastece a la región no tiene agua suficiente para todas esas centrales termoeléctricas”, explica Kishinami.
Llevar energía a la Amazonía
Alrededor de un millón de brasileños aún viven sin energía solo en la Amazonía, según una estimación de IEMA publicada en 2019.
Para Ilan Zugman, otro desafío para Brasil en los próximos años será ampliar la capacidad eléctrica del país para atender a todos y enfrentar los problemas relacionados con la crisis climática.
El director de 350.org recuerda las centrales hidroeléctricas construidas en la Amazonía, como Belo Monte, que aún generan importantes impactos socioambientales, como la emisión de gases de efecto invernadero en la zona inundada y la destrucción de fauna y flora, e incluso presentan ineficiencia energética.
«Tenemos grandes represas hidroeléctricas en la Amazonía donde la energía que allí se genera se va muy lejos de las comunidades aledañas. O sea, son comunidades que fueron desplazadas y perdieron sus territorios para dar paso a una represa que no les genera energía”, explica Zugman.
La organización 350.org aboga por un modelo energético descentralizado en Brasil y en la Amazonía, en el que los consumidores puedan elegir el tipo de energía que quieren en su comunidad.
