El Ministerio de Gobierno compró agentes químicos por la suma de 8.021.000 dólares a la empresa Cóndor S.A., vinculada al caso gases de 2020. Esta adquisición se da en el marco de las protestas de profesores y jubilados, y ante el anuncio de movilizaciones de otros sectores como los gremiales
“Objeto de la contratación se considera como Seguridad y Defensa del Estado (sic)”, detalla el contrato, al que accedió Página Siete Digital y que está en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). El documento no especifica las características ni las cantidades del material comprado.
El formulario 400 detalla que la contratación se hizo bajo la modalidad “otras modalidades” y figura como fecha de la firma del contrato el 8 de marzo del 2023. La empresa Cóndor no tiene el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). En la parte de “moneda de contrato” especifica “ dólares americanos”.
El coronel del servicio pasivo de las Fuerzas Armadas (FFAA) y abogado Jorge Santistevan realizo cuatro observaciones.
La primera, que la cartera de Gobierno no está a cargo de la defensa del Estado para alegar reserva y por esa razón “se estarían malversando los recursos”. Segundo, puede alegarse confidencialidad de una contrato solo si es aprobado por la Asamblea Legislativa y si se trata de material de guerra.
Tercero, la compra de los agentes químicos se da en el marco de las protestas, “con fines políticos represivos de la sociedad”. Cuarto, la empresa Cóndor no debía adjudicarse el contrato porque está involucrada en el proceso del caso gases del 2020.
“El Ministerio de Gobierno no está a cargo de la seguridad del Estado, eso le corresponde al Ministerio de Defensa. Hay una malversación, porque no hay transparencia y alegan una atribución que no tienen. (…) La empresa Cóndor ya está en duda y hay un procesos pendiente, con respecto a esa empresa. Una empresa involucrada en un proceso no puede ser nuevamente proveedora”, afirmó Santistevan.
Por su parte, el coronel del servicio pasivo de la Policía René Calla manifestó que la institución verde olivo debe tener material antidisturbios y reservas para poder controlar protestas que puedan tornarse en protestas violentas. Señaló que al tratarse de agentes químicos no debería alegarse reserva en los contratos.
“Se deben especificar las características para que los uniformados sepan cómo usarlas. (Al ser agentes químicos) no entiendo la parte que se pone en reserva. (…) La compra de estos productos tiene que ver con un análisis del Ministerio de Gobierno, más que un análisis del Estado Mayor Policial, porque ahora todo pasa por el Ministerio de Gobierno”, sostuvo.
El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar, del ala arcista, afirmó que no ingresó hasta el momento una solicitud de Gobierno para declarar en reserva la compra de agentes químicos. Agregó que pedirá a la cartera de Estado una petición de informe para tener detalles de la compra del material antidisturbios.
“No tengo conocimiento de esa compra, pero pediremos una petición de informe al ministro (Eduardo Del Castillo) sobre es compra, en este momento no tengo más conocimiento. (…) Todas las compras que se hacen deben ser transparentes”, indicó Cuéllar.
Página Siete se contacto con la Unidad de Comunicación del Ministerio de Gobierno para tener su versión de este tema. Desde esa dependencia indicaron que darán una conferencia de prensa para “aclarar el tema”.
Caso gases
En junio del 2020, se denunció la compra irregular de agentes químicos, mediante la intermediaria Bavo Tactical Solution, a la empresa Cóndor por la suma se 5,6 millones de dólares.
Tras una investigación del Departamento de Justicia de Estado Unidos, el exministro Arturo Murillo fue arrestado al hallarse un sobreprecio de 2,3 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos.
En 2021, el procurador Wilfredo Chávez dio a conocer que la empresa Cóndor está incluida en el proceso civil que abrió el Estado boliviano en Estados Unidos. “La empresa Cóndor está incluida (en el proceso civil) porque sabía del sobreprecio, que se había duplicado el precio de los gases y consintió la participación de un intermediario”, aseguró ese entonces.
Transparencia
El artículo 232 de la Constitución reza: “La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”.
El Decreto Supremo 0181, en su artículo 3, establece que “los actos, documentos y la información de los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios, son públicos”.
El apartado 10 agrega: “(Los funcionarios) aceptarán su responsabilidad para que toda la información que deba ser de conocimiento público, se comunique oportunamente por los medios establecidos. En ningún caso retendrán u ocultarán información que por derecho debe ser conocida por las partes que tengan legítimo interés en esta”.
