Corría, estaba muy asustada y su corazón latía rápidamente al pensar que sería alcanzada por uno de sus familiares, pero para su buena fortuna no fue así. Carla (nombre ficticio) llegó de la comunidad de Arampampa a la ciudad de Cochabamba con la tranquilidad de saber que huyó de un infierno inminente, ya que sus padres intentaron casarla con uno de sus primos, la razón: terrenos. Carla tenía apenas 14 años, una edad no permitida para el matrimonio en las leyes de Bolivia y lo peor, su familia ignoró que impulsaba el incesto.
Lastimosamente, este caso no es pasado, de hecho ocurrió hace casi un año. Lo más grave es que hay cientos de adolescentes o incluso niñas que sufren lo mismo que Carla, la única diferencia es que no logran huir por diferentes cuestiones, quizá incluso porque están en comunidades alejadas y desconocen quién las puede ayudar. Ellas son obligadas a casarse con hombres mayores de edad, y se les cuarta su derecho a elegir.
El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ha reportado, hasta abril del 2022, 223 partidas de matrimonio en menores de 18 años y el departamento con más casos es Santa Cruz. Las causas de estas uniones varían, explica Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer.
Las principales causales son: la pobreza, el poco acceso a la educación que tienen las niñas, la violencia sexual y los embarazos precoces, entre otros.
“Por ello también las familias buscan casar a las niñas, para tener mejores oportunidades. Aunque también detrás de estas prácticas está el machismo, ya que se ejerce una suerte de tutelaje sobre las vidas de las niñas y adolescentes, eligiendo sobre sus parejas sin considerar sus opiniones y menos obtener su consentimiento. Un ejemplo de ello es que la misma norma permite que los padres puedan acceder al matrimonio sin necesidad de que las menores estén presentes”, dice Sánchez a Urgente
Fátima Terrazas, directora del colectivo Mujeres de Fuego (Cochabamba), afirma que pueden existir bastantes casos donde una menor de edad es obligada a contraer nupcias, especialmente en las provincias, pero a causa de la lejanía no se conocen.
El delito se consuma en medio de la “importancia” que le dan algunos campesinos a los terrenos, sin importarles qué futuro les espera a las infortunadas.
Los casos que estremecen
¿Qué ocurrió con Carla? Luego que la joven llegó a pedir a la ciudad de Cochabamba, decidió acudir a Mujeres de Fuego para recibir ayuda y así fue, hoy se encuentra en al resguardo de una casa hogar.
Sus padres no lo podían creer, habían perdido la oportunidad de quedarse con un terreno por el desistimiento de su hija y decidieron buscarla, sin embargo, se han ido con las manos vacías. Y tras la denuncia de las autoridades, el primo de Carla está prófugo.
El mismo colectivo (Mujeres de Fuego) atendió otro caso similar en Sacabamba, Cochabamba. Ingrid (nombre ficticio), de 16 años, estuvo a punto de casarse contra su voluntad con un funcionario público de la Alcaldía, que tenía 42 años.
¿Qué había detrás? El funcionario ofreció una buena suma de dinero a la familia de Carla para “arreglar” un “error” y no ser denunciado por la violación que cometió contra Ingrid.
El acuerdo era mutuo, dinero y matrimonio para ocultar un delito sin dar importancia a la víctima, quien estaba condenada a una vida parecida al mismo infierno.
Otro hecho ocurrió en Tarata, Cochabamba. Los padres de María (nombre ficticio) acordaron el matrimonio de su hija con un dirigente del pueblo por terrenos. El terrible futuro que le esperaba a la muchacha, quien además tenía el trauma de una violación por parte de su tío, nunca pasó, pues apareció sin vida unos días antes de la unión.
El más reciente caso tuvo lugar en la provincia Poopó, Oruro, donde unos padres pretendían casar a su hija, de 17 años, con un hombre de 80 por dinero. La boda fue interrumpida oportunamente gracias a la denuncia de las hijastras del hombre.
En su testimonio, la muchacha dio a conocer lo que le habían dicho sus progenitores: “tendrás la vida arreglada”. La familia es de escasos recursos y se compone de 10 personas.
Las falencias
Terrazas indica que este tipo de ilícitos ocurre en las provincias por la falta de educación, o porque en la familia hay varias bocas que alimentar y los padres buscan “soluciones”.
Añade que muchos padres en el campo aún creen que desde los 13 o 14 años, las adolescentes son aptas para casarse y tener hijos.
“En las provincias es preocupante este tema porque no tienen conocimiento de sus derechos (…) prefieren arreglar de esa manera, es tanto por factor económico y de conocimiento”, dijo.
Por su parte, Boris Delgado, director de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) de la Alcaldía orureña, cuestionó el trabajo de Registro Civil, ya que un matrimonio puede contraerse incluso con solo la autorización de los padres de los novios.
“El Registro Civil tiene una obligación en el ámbito civil, de proteger a menores o adultos mayores (…) pareciera que hemos retornado a la época de antaño, donde los progenitores imponían a sus propios hijos a casarse con alguien que tenga una posición económica fuerte. Eso deja mucho que desear, mucho peor si es menor de edad”, cuestiona.
El matrimonio en las comunidades, entre una niña o adolescente y un adulto solo por intereses, es un secreto a voces que las autoridades deben conocer, pues se vulneran los derechos de muchas inocentes que están destinadas a una vida dura.
