El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Germán Jiménez, indicó que estos operativos se realizaron en 55 Estaciones de Servicio (EESS) que están 22 municipios fronterizos y zonas de riesgo.

“Los resultados que se han generado han sido una reducción de la comercialización que ha ido paliando el tema de crecimiento en estas 22 zonas y áreas de riesgo con (…) un total de 102.937.859 bolivianos en 55 estaciones”, dijo el funcionario en conferencia.

Detalló que se obtuvo una reducción en la comercialización de combustibles subvencionados de Bs 92,3 millones, se incautó casi Bs 3,5 millones de volúmenes de diésel y gasolina, además se secuestraron bienes por un valor de Bs 7 millones.

El Plan Soberanía fue ejecutado entre abril y diciembre de 2022 en las 55 estaciones de servicio y un puesto de venta de combustibles líquidos, en las zonas fronterizas de La Paz, Oruro, Potosí, Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.

La afectación al contrabando de combustibles en las zonas fronterizas del país se realizó en coordinación entre la ANH, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, a través de las Fuerzas Armadas, la Aduana Nacional y la Policía Boliviana.

En tanto, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, lamentó que, en el primer cuatrimestre de 2022, la demanda de combustibles en zonas fronterizas y en algunos puntos del país se incrementará considerablemente llegando hasta un 35%.

“Eso es absurdo si uno compara con el crecimiento de la producción agrícola o el transporte, que está por el 4%”, dijo Molina.

Uno de los factores que elevó la demanda de combustibles en las zonas limítrofes es el precio que existe en los países vecinos, donde se incrementó hasta en 240% como en el caso de Uruguay debido a la guerra entre Rusia y Ucrania desde el 24 de febrero del año pasado.

El alza de los combustibles en los países vecinos ocasiona a que personas “inescrupulosas” se dediquen al contrabando de carburantes que es subvencionado por el Gobierno.

“En el país tenemos una subvención en el precio y eso genera que el combustible pueda fácilmente ser comercializado por gente inescrupulosa que busca lucrar con recursos del Estado y poner en riesgo la seguridad energética”, apunto Molina.