Desde modificar la Ley General de la Coca 906 hasta comercializar el producto por la vía digital, del productor al consumidor, sin necesidad de un mercado físico, son las propuestas que da el oficialismo.
El primer planteamiento fue de Héctor Arce, diputado oficialista y representante de Cochabamba, quien propuso revisar y modificar la Ley General de la Coca 906 para terminar con lo que, según su visión, es la monopolización del mercado en La Paz con el mercado de Adepcoca en Villa Fátima.
“Ninguna ley está escrita en piedra, ni siquiera la Constitución; los tiempos cambian y la coyuntura cambia y si la solución pasa por revisar la Ley General de Coca, habrá que revisar”, dijo Arce.
Esa idea fue apoyada por su colega el diputado Ramiro Venegas, quien agregó además que El Alto puede tener su propio mercado de coca, que el expresidente de la entidad, Franclin Gutiérrez, quiso monopolizar ese mercado y que el tema siempre fue “manejado” por “la derecha”.
El artículo 23 de la Ley 906 dice: “Se reconoce en el Departamento de La Paz el Mercado de la ADEPCOCA y en el Departamento de Cochabamba el Mercado de Sacaba (sic)”.
El segundo planteamiento lo dio el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, quien pidió que se realicen nuevas elecciones en Adepcoca para unificar ambos bandos. “Creo que lo que podría dar solución a la larga, a buscar un rato la pacificación, en tanto se pueda llegar a una elección que pueda unificarlos. Eso he estado escuchando de muchos productores que a uno lo llaman”, manifestó la autoridad.
El tercer planteamiento partió del senador yungueño y representante de los interculturales, Félix Ajpi, quien propuso que el Gobierno central administre Adepcoca por un año mientras los dos bandos, uno liderado por Freddy Machicado y el otro grupo a cargo de Arnold Alanes, arreglen sus diferencias.
“Yo le sugiero al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, que el Gobierno central se haga cargo por un año de la comercialización de la hoja de coca en La Paz, mientras mis compañeros cocaleros no acepten que están divididos y solucionen sus problemas de manera pacífica”, afirmó Ajpi.
El cuarto planteamiento mediante el cual el Gobierno central se desmarca de la solución dice que el conflicto de Adepcoca es interno, entre productores de coca y que la solución depende de ambos grupos; es más, en reiteradas oportunidades, el Ejecutivo se ofreció ser mediador en el conflicto.
El quinto planteamiento parte del ministro Gonzales, quien dijo que no se descarta que el Gobierno pueda permitir la venta de coca por la vía digital. Al mismo tiempo hizo una interpretación del artículo 23 de la Ley 906.
“El artículo 23 de la Ley 906 reconoce al mercado de Adepcoca. ¿Qué es el mercado? El mercado –no dice en la ley, no define el concepto– entonces uno tiene que asumir lo que es el mercado que es la transacción entre el productor y un comprador (…) ¿si nos cerráramos a un edificio, cómo entenderíamos las transacciones digitales que hoy en día se dan?”, cuestionó Gonzales.
Apoyó su planteamiento con que que la Ley 906 no da una definición del mercado ni tampoco especifica dónde se encuentra. “Si hubiera la ley y dijera que el mercado es un edificio que lo definen los productores, ah… cambiaría la figura, pero no hay esa definición conceptual, sólo hay definición de lo que es productor ancestral”, insistió.
Mercado ilegal
En ninguna de esas propuestas y sugerencias el oficialismo se refiere como una solución al conflicto cerrar el mercado paralelo que fue instalado en Villa El Carmen; no obstante, el Gobierno reconoció en varias oportunidades que es un mercado ilegal.
El viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Benjamín Lovera, dijo ayer a Unitel que el Gobierno no autorizó el funcionamiento del mercado de Alanes. “Es un mercado no autorizado, no tenemos conocimiento de que tenga autorización”, dijo el funcionario.
No obstante, el dirigente Alanes defendió el mercado paralelo de Villa El Carmen y dijo que “no necesita autorización”, además aseguró que su mercado está enmarcado en la Ley General de la Coca. “Nuestro mercado no necesita autorización, tenemos la jurisprudencia de la resolución 068”, insistió Alanes.
El conflicto por el cierre del mercado paralelo es desde julio y los cocaleros preparan nuevas medidas de presión.
