Para mañana de este martes fue convocada la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, una normativa rechazada por la oposición y diferentes gremios. El diputado Juan José Jáuregui (MAS) garantizó que esta norma no será probada sin previa reunión con sectores que lo cuestionan.
Asambleístas de la oposición y sectores sociales, especialmente los gremialistas, rechazan este proyecto de ley por considerar que «criminaliza» la protesta social y actividades económicas. Por ese motivo indicaron que se opondrán a la aprobación de la norma.
«Garantizamos de que no se va a aprobar (este proyecto de ley) hasta que no se inicien reuniones con los sectores que hagan conocer sus preocupaciones, incluso el sector de los empresarios va a ser convocado a la Comisión de Constitución para que puntualmente nos hagan conocer cuáles son sus observaciones en la redacción que se está proponiendo», afirmó a Unitel Jáuregui.
l diputado Carlos Alarcón, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), anunció que rechazará la aprobación de esta norma por considera que, a través de este proyecto, se incorporan al menos seis figuras penales que buscan «criminalizar» la protesta social y la actividad económica.
Por ejemplo, afirmó Alarcón, en el caso del delito de terrorismo su modificación hace que sea «ambigua» y «amplia», ya que antes se exigía, en la parte central de la figura, que el acusado de cometer ese delito pertenezca a una organización armada, lo que ahora se lo excluye y se lo atribuye a quien reclame algo contra el Gobierno y un grupo afín al oficialismo se sienta intimidado o restringido en su derecho a la circulación en vía pública.
Para el caso del delito de legitimación de ganancias ilícitas, Alarcón resaltó que antes éste se restringía a pocos delitos de los que puede surgir dinero ilícito, como narcotráfico, corrupción, organización criminal y terrorismo. Pero ahora, añadió, se amplía «el catálogo» de actividades ilícitas a contrabando, delitos tributarios y actividades minera ilegales, entre otras.
Alarcón observó que el proyecto de ley cuestionado incluso, a sola acusación, ordena el decomiso de bienes de la persona acusada de cometer legitimación de ganancias ilícitas.
Por su lado, el dirigente gremial Toño Siñani, también anunció que su sector, al igual que los mineros y transportistas, principalmente, rechazarán la aprobación de esta norma. Adelantó que asistirá a la Comisión de Constitución para hacer conocer su posición.
El diputado Jáuregui insistió en que este proyecto de ley no será aprobado de forma rápida y, para ello, se reunirá con los sectores que lo cuestionan.
«Creo que es parte de la responsabilidad que debemos tener todos nosotros de poder informar, pero también hacer conocer los verdaderos alcances de esta iniciativa legislativa que consideramos que va a tener preocupaciones de sectores y de observadores internacionales», acotó.
