Entretanto, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) presentó este lunes el Proyecto de Ley de Derogación de la Disposición adicional Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
“El presidente Luis Arce, el 22 de enero, fue muy claro cuando señalaba que no estamos detrás de nuestros hermanos gremiales para confiscar su mercadería, como están señalando”, recordó y aseguró que los buenos empresarios, productores e industriales no tendrían que preocuparse.
La disposición adicional séptima del PGE 2025 “faculta a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
El Gobierno convocó a los sectores involucrados a dialogar y participar del proceso de reglamentación de la disposición observada, para aclarar dudas. Sin embargo, empresarios, industriales, transporte pesado y gremiales rechazaron el diálogo y ratificaron un paro para el 10 de febrero.
Alcón aseguró que el Gobierno mantiene su predisposición a dialogar y recordó que la iniciativa de protección a la ciudadanía responde al ocultamiento de alimentos que se dio a finales de 2024, lo que encareció los productos afectando a los bolsillos de la población.
“Nosotros siempre abiertos a conversar, verificar, revisar, explicar y tener un diálogo, porque esa es la instancia, no corresponden medidas sin tener espacios de diálogo (…) No se está yendo contra los hermanos gremiales a confiscar su mercadería, contra los buenos empresarios, industriales, productores y toda la cadena productiva, no, no es el objetivo. El objetivo es garantizar que nuestra población tenga los productos”, insistió.
Industriales y otros sectores presentan Ley para abrogar la disposición
Entretanto, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) presentó este lunes el Proyecto de Ley de Derogación de la Disposición adicional Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
La CNI presentó la norma junto a las cámaras sectoriales de producción, transporte, comercio, de más de pequeñas, medianas y grandes empresas.
“En este marco, es fundamental señalar que la construcción del diálogo entre dos posiciones (público y privado) distintas sobre la citada norma permite enriquecer la generación de política pública en el país. El sector industrial considera que, al existir disenso sobre la disposición adicional séptima entre el sector público y el privado, se debe generar un proceso de construcción colectiva coordinada, alejada de posiciones políticas”, informó la CNI a través de una nota de prensa.
