¿El Ejecutivo lanzó una estrategia para evitar abusos cometidos por sacerdotes contra menores o, como dicen algunos analistas y opositores, busca emplear estas denuncias de abusos para neutralizar a la Iglesia?
Según el Gobierno, estas tareas buscan frenar estos abusos cometidos por sacerdotes. Pero, tanto analistas como opositores consideran que son acciones que sólo buscan neutralizar a la Iglesia
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anunció ayer que desde la Cancillería se trabaja en mecanismos de control para revisar los antecedentes de los religiosos que ingresen al país. “No pueden venir sacerdotes a ser guías espirituales de nuestros niños, violadores a enseñar lo que es el camino de Dios a nuestros niños mientras abusan de ellos, eso es inconcebible”, dijo. Agregó que Bolivia no se puede convertir en un “basurero de violadores”.
El segundo flanco la planteó el procurador Wilfredo Chávez, quien pidió revisar el estatus de la Compañía de Jesús en Bolivia a través de la Cancillería. Consideró que los colegios e institutos que dependen de la Iglesia y en concreto de la Compañía de Jesús “continúen como entes aislados de un control estatal, que debe ser pleno y transversal como para cualquier colegio privado, y que se dejen esas prerrogativas y faltas de control absolutas”.
También solicitó intervenir en los colegios administrados por los jesuitas. “Al Ministerio de Educación tome las medidas de protección para niños y adolescentes en estos colegios, ya sean directamente administrados por jesuitas o indirectamente con convenios, (con) la intervención inmediata. Que tomen acciones inmediatas”, indicó.
El tercer flanco se refiere a los ataques directos a la institución, como lo hizo la exdefensora del Pueblo y actual viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz. Ella tildó a la Iglesia Católica de “organización criminal”. “Se han descubierto como una organización criminal. Cárcel! Y castigo! No alcanzarán ante todo el daño causado. #YoLesCreo a las víctimas, nuestro abrazo solidario y compromiso por verdad, justicia y reparación”, tuiteó.
En el cuarto flanco se encuentran las protestas de grupos de activistas, muchos identificados como afines al Gobierno. Estas movilizaciones se plantaron en los últimos días frente a la Curia Provincial de La Paz de la Compañía de Jesús y frente al Seminario San Jerónimo, en protesta por los casos de pederastia. Exigieron cárcel y expulsión para los religiosos involucrados y para los encubridores. La Iglesia “nos ha traído a sus peores curas para que sigan haciendo sus fechorías”, dijo una activista.
El analista Carlos Cordero dijo que para el gobierno de Luis Arce la Iglesia “no es una aliada”. “Las denuncias que ya tienen un nivel de escándalo fueron como darles la oportunidad para desarrollar una política de descalificación de la Iglesia y arrinconarla. Para el MAS, para el Gobierno, la Iglesia es la que facilitó la transición del gobierno de (Evo) Morales a (Jeanine) Añez. Hoy tienen la oportunidad de pasarles una factura porque el tema (el proceso penal) por el caso Golpe de Estado no prosperó”, afirmó.
El senador por CC Fernando Vaca dijo que fue estudiante del colegio Juan XIII, donde ocurrieron las agresiones del padre Pica contra los menores de edad. “Me comuniqué con excompañeros y deseamos que se sepa la verdad, pero no queríamos que se llegue a politizar de tal modo, al punto de revictimizar a aquellas personas que sufrieron tanto y tuvieron que callar”.
El legislador calificó de “políticas” las declaraciones del procurador. “Necesitamos, en este caso, la no revictimización, una investigación seria sin usarla mediáticamente o como palestra. Este asunto es delicado y (se debe) generar la posibilidad de que no se repita a través de una acción ejemplarizadora”, dijo y concluyó que las acciones del Gobierno “no están bien”.
El alcalde Iván Arias advirtió que hay una politización del tema. “Los que quieren hacer carroña, no van a contribuir en nada. Lo único que van a hacer es que el tema pase a ser una nota roja y no se piense en una solución estructural. El odio no se combate con más odio; estamos pasando tiempos de dolor y se vendrán tiempos de transformación que pondrán en duda hasta dónde llega el secreto de confesión, hasta dónde llega el celibato que la Iglesia debe discutir”.
El analista Franklin Pareja dijo que la Iglesia era la institución con mayor confianza de la población según un estudio de la Fundación Jubileo en diciembre. “Esta incomodidad (que generó la Iglesia al Gobierno) hizo que sea relegada y no participe de los procesos de mediación en los que podrían dar importantes aportes”, indicó a Red Uno.
Agregó que “es un poco difícil que un Gobierno con poca autoridad moral, que está arrastrando constantemente escándalos, que no muestra márgenes de desempeño -en términos de gestión- sea el juzgador. Precisamente, (hay que ver) quién hace estas críticas”. “Ahora es ideal para el Gobierno poner de relieve y capitalizar políticamente esto (las denuncias de abuso) para tratar de desviar, en alguna medida, problemas mucho más complejos”.
en la Iglesia Católica fue la estimación
hecha por la Procuraduría
General del Estado.
