El 11 de noviembre de 2019, Jeanine Áñez llegó a La Paz para tomar el poder.
Jeanine Áñez improvisó una rueda de prensa al llegar a la Asamblea, el 11 de noviembre.
Al mediodía del 11 de noviembre, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores arribó a El Alto, motivada por la propuesta que un grupo de jerarcas de la Iglesia Católica (UCB), embajadores, políticos y cívicos le había hecho de asumir el poder.
Lo hizo en un vuelo privado de Amaszonas, de Trinidad, con escala en Santa Cruz, a La Paz. En Santa Cruz coincidió con el senador Óscar Ortiz, de su alianza Unidad Demócrata (UD).
“En el aeropuerto nos estaba esperando un helicóptero de la Fuerza Aérea; allí estaba personal militar, me subí al helicóptero, junto con el senador Ortiz.
El que nos recibió era un militar, nos dijo que tenía instrucciones de llevarnos al Colegio Militar”, contó en su declaración ante el fiscal Omar Mejillones, el 8 de junio de 2021.
Un militar se había cuadrado a la senadora, aparentemente, por instrucción del entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros.
Acto seguido, Áñez, Ortiz y los dos hijos de la senadora fueron transportados al Colegio Militar, en la zona de Irpavi de La Paz, en el helicóptero FAB-754.
Con Morales atrincherado desde la noche anterior en la selva del Chapare, en aprestos para abandonar el país, Áñez organizaba la toma del poder. Tenía apoyo político y externo, aunque no fuerza legislativa para una eventual sucesión; representaba a la minoría.
Declaración Constitucional
El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) y su asesor Luis Vásquez habían desempolvado la Declaración Constitucional 0003/01, del 31 de julio de 2001, con la que el exmandatario había blindado su sucesión ante la renuncia, por un cáncer terminal, del entonces presidente Hugo Banzer.
En la reunión extralegislativa de la UCB, la tarde de la renuncia de Morales, ambos explicaron el sentido del documento para sustentar la sucesión de Áñez.
Eso ante la renuncia sucesiva del vicepresidente Álvaro García y de los titulares de las cámaras de Senadores, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda.
Entonces, Ricardo Paz, asesor de Carlos Mesa, llamó a Áñez para comunicarla con el foro. “Entre las 18.00 y 19.00 (era de noche) yo recibo una llamada de Ricardo Paz, que me pone en altavoz, me explica que ellos estaban en una reunión”, contó Áñez al fiscal.
“Yo respondo que estaría dispuesta si podría contribuir a la pacificación del país”, siguió.
Con esa certeza, Áñez intentó arroparse del conflicto que entonces había liderado el presidente del Comité pro Santa Cruz y ahora gobernador Luis Fernando Camacho. Al llegar éste a La Paz, había establecido su cuartel general en el hotel Casa Grande.
Hasta allí llegó Áñez luego de abandonar el Colegio Militar.
Después de una reunión con Camacho y el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, que también secundaba las protestas, la senadora tomó rumbo a la plaza Murillo, acompañada de una cápsula presidencial.
Entonces, Mesa —quien se movilizó por sentirse víctima de un presunto fraude electoral— propugnaba la convocatoria de la Asamblea Legislativa para la sucesión.
Es “la única posibilidad de construir una sucesión democrática y una acción que esté bajo la norma constitucional para que el mundo no nos acuse de haber llevado un gran golpe de Estado”.
Áñez y la Asamblea Legislativa
Al llegar Áñez a la Asamblea Legislativa, lamentó la crisis y lloró conmovida —indicó— por las muertes del conflicto. “Esto es por Bolivia, queremos la pacificación del país. De manera constitucional, voy a asumir primeramente la presidencia del Senado”, dijo.
Adelantó que iba a recomponer la Cámara de Senadores (directiva con mayorías y minorías) y prometió la lectura de las renuncias.
“Vamos a convocar hoy mismo a sesión de senadores para que podamos mañana tratar las renuncias que han sido presentadas”.
No cumplió ni lo uno ni lo otro. No hubo sesión en el Senado.
En la noche, a través de un video, se atribuyó la presidencia del Senado en una conminatoria al comandante de las Fuerzas Armadas, William Kaliman.
“No queremos muertos en este país; si hay alguna persona que cae después de esta solicitud (…) es de su entera responsabilidad”.
Para entonces, la Unión Europea, la Iglesia Católica y representantes políticos, como Quiroga, Samuel Doria Medina y Paz.
Además de activistas como Waldo Albarracín y Juan Carlos Núñez, y algunos embajadores, entre ellos León de la Torre, habían intentado un acuerdo extralegislativo sin éxito con Salvatierra.
