En el mercado campesino Santa Rosa lo que escasea son las verduras y alimentos.
A siete años de la inauguración del mercado campesino Santa Rosa en la ciudad de El Alto, la infraestructura con al menos 500 puestos de venta para productores de las 20 provincias de La Paz permanece vacía. Solo un poco más de una decena están ocupados. Luciano Marca, ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz dijo a ANF que esta situación se debe a que algunas vendedoras “se creen dueñas” del mercado e impiden el ingreso de más comerciantes.
“Anteriormente nuestras exautoridades han puesto para que nuestros hermanos y hermanas vengan a vender directamente del productor al consumidor, pero algunas hermanas que están vendiendo ahí quieren ser dueñas de ese lugar, dicen ‘nosotros hace tiempo estamos aquí y ya nadie puede venir’; entonces, eso estamos reglamentando”, señaló la autoridad originaria a ANF.
El mercado costó 39,2 millones de bolivianos financiados con recursos provenientes del programa “Bolivia cambia, Evo cumple” y fue inaugurado en septiembre de 2016 por el entonces presidente Evo Morales. ANF pidió la versión del director de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), Gonzalo Rodríguez, para conocer los criterios que existieron para financiar la gran infraestructura que hoy se muestra excesiva para las necesidades de la población. Hasta la publicación de esta nota Rodríguez no respondió.
El mercado, proyectado para beneficiar a 5.000 habitantes de la zona, es una obra de grandes dimensiones: de tres plantas y amplio parqueo. Fue inaugurado con dependencias para cámara frigorífica, depósitos para tubérculos, legumbres y flores, ambiente para productos lácteos, además de un salón para productos de cerámica, taller para exposición de productos tallados en madera, sala de control de calidad y taller de mantenimiento. Pero nada de eso se aprovecha hoy en el lugar. Es un mercado campesino sin productos.
“Ahora vamos a tener una reunión y poner las líneas y las normas para esto, porque ellos (los que venden ahora) no son dueños, sino puede venir cualquier hermano y hermana de las 20 provincias a vender directo al consumidor y a un precio más barato”, remarcó el dirigente.
También estaba previsto que el mercado tenga una guardería con ambientes de juego y descanso, con cunas y sala de video, centro de salud, consultorio médico, auditorio, patio de comidas, cafeterías, comedores populares y baterías de baños. Un recorrido por el lugar muestra una infraestructura sin mantenimiento: luce sucia y poco habitada.
En la planta baja están los más de 10 puestos ocupados. Hay más presencia de empresas estatales como la Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (EEPAF) y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
En la segunda planta todos los puestos están deshabitados e incluso fueron usados como mingitorio. En la tercera planta hay tres amplios salones, uno hace de un improvisado patio de comidas y es el más concurrido, mientras que los demás espacios están casi vacíos. En este nivel hay oficinas de las organizaciones campesinas y del Segip (Servicio general de identificación personal). El ascensor no funciona y los baños están muy deteriorados.
En el mercado campesino Santa Rosa lo que escasea son las verduras y alimentos. Hay ausencia de camiones cargados de tubérculos o frutas. En el amplio parqueo se aprecia por lo general vehículos particulares pequeños.
El ejecutivo de las 20 provincias aclaró que el mercado Santa Rosa está bajo responsabilidad de la Federación de Trabajadores Campesinos Túpac Katari y de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, quienes tienen apertura para que todo productor campesino pueda utilizar los predios para comercializar sus productos, más no así los “negociantes”.
“Nosotros decimos que todos pueden entrar a vender, por ejemplo, si vienen de la provincia Loayza con sus productos tienen derecho a vender su papita, su frutita, pero algunos comerciantes que están ahí vendiendo, están queriendo volverse dueños de esos puestitos, eso vamos a normar”, insistió el dirigente.
Dijo que quienes ocupan el mercado deben pagar de la luz, el agua y un alquiler no tan elevado, debido a que se trata de una obra donada por el gobierno en la gestión de Evo Morales. “Nos ha donado y nosotros no podemos exagerar en cobrar”, refirió.
Y los “pequeños ingresos por los alquileres, que se rinden cuentas en los ampliados, van a un fondo para financiar nuestras actividades como el mismo ampliado, para comprar refrescos, coca, porque como organizaciones sociales no tenemos otra entrada, no percibimos ningún sueldo”.
Marca indicó que esos recursos también son utilizados para asistir a invitaciones en provincias lejanas para lo cual deben costear los pasajes o alquilar vehículos.