Aprobada por una amplia mayoría de diputados, la ley apunta a financiar medios de comunicación y fuentes de la sociedad civil en el mundo para atacar la «influencia maligna» de China.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, por una mayoría bipartidista de 351 votos a favor y 36 en contra, un presupuesto de 1.600 millones de dólares para los próximos cinco años destinados a financiar medios de comunicación y fuentes de la sociedad civil en el mundo para atacar la «influencia maligna» de China. De acuerdo a la revista digital Responsible Statecraft, se trata de un gasto enorme que representa, por ejemplo, casi el doble del costo operativo anual de la cadena de noticias CNN.
La Resolución 1157 todavía debe pasar por el Senado, pero en el caso de convertirse en ley representaría un importante aumento del gasto federal en las llamadas «operaciones de influencia internacional». Si bien es difícil calcular todo el gasto en operaciones de este tipo entre todas las agencias federales de EE.UU., el principal organismo coordinador de los esfuerzos de información, el Global Engagement Center (GEC) dependiente del Departamento de Estado, tiene un presupuesto anual de menos de 100 millones de dólares.
Contra «la influencia maligna de China»
Según Responsible Statecraft, la resolución que lleva el extenso nombre de «Fondo para contrarrestar la influencia maligna de la República Popular de China» puede ser usada en algunos casos para subsidiar mensajes encubiertos anti chinos, de forma similar al modo en el que Washington acusa a Rusia de financiar supuestos mensajes anti ucranianos de figuras influyentes de los medios de comunicación estadounidenses. De aprobarse esta ley, los mensajes anti China podrían abarcar un amplio abanico de cuestiones políticas que son cotidianas en otros países.
La definición de «influencia maligna» del proyecto es muy amplia y difusa. La resolución utiliza ese concepto para referirse a entidades que busquen «socavar un orden internacional libre y abierto»; «promover un orden internacional alternativo y represivo que fortalezca las ambiciones hegemónicas chinas»; «socavar la seguridad nacional o la soberanía de Estados Unidos o de otros países»; y «socavar la seguridad económica de Estados Unidos o de otros países, incluso promoviendo la corrupción y promoviendo prácticas económicas coercitivas».
De acuerdo a la resolución, los fondos del programa podrían apoyar cualquier esfuerzo para resaltar el «impacto negativo» de la inversión económica china en un país extranjero, o podría financiar mensajes políticos contra los contratistas del gigante asiático involucrados en la construcción de un puerto, una ruta o un hospital. También afectarían a los institutos Confucio, pese a que estos establecimientos sin fines de lucro practicamente desaparecieron de los campus estadounidenses.
De acuerdo a Responsible Statecraft, una publicación dependiente del think tank Quincy Institute, otro problema de esta legislación es la posibilidad de que la propaganda anti China financiada por este programa converja hacia el espacio mediático estadounidense e influya en sus audiencias sin revelar la fuente inicial de financiación. La revista digital explica que las protecciones contra la influencia y los ataques del gobierno estadounidense a las audiencias nacionales ya son débiles, y las existentes son casi imposibles de aplicar en un mundo interconectado.
«Culpan a Beijing de todos los problemas»
Para los medios de comunicación estadounidenses, la ofensiva legislativa no se trata tanto de una previsión estratégica, sino más bien de una postura preelectoral. Con las elecciones presidenciales de noviembre en el horizonte, los legisladores están buscan ocupar el centro de la atención y demostrar su postura de «mano dura» sobre China, un tema que puede resultar útil para sumar votos.
De acuerdo a la agencia de noticias oficial Xinhua, «Washington está dividiendo su personalidad entre un grupo de políticos que hablan de evitar una nueva guerra fría e instando a China a no malinterpretar la política de Washington hacia Beijing, mientras que otro grupo está produciendo una legislación contraria al país asiático». La Casa Blanca ya señaló su oposición a revivir la polémica «Iniciativa sobre China» de la administración Trump, y como al Congreso se le termina el tiempo lo más probable es que proyectos como éste queden en el olvido.
Pero según Xinhua, «para ciertos políticos estadounidenses, el simple acto de introducir una legislación anti China es una victoria en sí misma, una manera de demostrar que están haciendo algo sobre China, incluso si ese algo equivale a poco más que retórica inflamatoria y tóxica». En su estrategia de dos pasos para mostrar un «liderazgo responsable» y ganar elecciones, el primero es «confundir al público con el mensaje de que China es una amenaza importante» y el segundo es «culpar a Beijing de todos los problemas que afectan al país».
Ya el año pasado, cuando hizo oficial su candidatura presidencial, Trump anunció su plan para frenar la «influencia» del gobierno de Xi Jinping en EE.UU., lo que incluye prohibir a los ciudadanos chinos la compra de tierras agrícolas o ser dueños de empresas de telecomunicaciones, energía y suministros médicos. Durante el debate presidencial, la candidata demócrata Kamala Harris sostuvo que Trump «nos vendió» a China al «ofrecer chips estadounidenses para ayudarlos a mejorar y modernizar su ejército». En campaña la actual vicepresidenta dio pocos detalles sobre en qué se diferenciaría su política hacia China de la del presidente Joe Biden.
