En los últimos años, dos bolivianos, un hombre y una mujer, se salvaron de morir en Malasia después de ser condenados por el transporte de sustancias Controladas.
A ellos se suma el caso de una joven madre procesada en Argentina que fue beneficiada con un permiso judicial por causas humanitarias. Esta semana se conoció un cuarto caso de una mujer, madre de dos niños, que afronta un proceso judicial por narcotráfico en Sri Lanka.
En los tres primeros casos, el Gobierno de Bolivia, a través de la Cancillería, abogó para evitar que se concrete una condena fatal o permitir que la mujer pueda reencontrar con su hijo.
Caso en Sri Lanka
El lunes, la familia de Ana Carola que vive en Santa Cruz informó que ella fue aprehendida con al menos cuatro kilos de droga en el aeropuerto Bandaranaike. La madre pidió a las autoridades de Gobierno ayuda para evitar que la joven sea condenada a muerte por ese delito.
Se conoce que la situación económica que atravesaba la mujer —ahora detenida— no le dejó más opción de aceptar el “trabajo” y transportar sustancias controladas. Pero nunca imaginó que terminaría así.
Al conocer el caso, la Embajada de Bolivia en la República de India, concurrente con la República Democrática Socialista de Sri Lanka, informó que inició las gestiones de asistencia y protección consular para la ciudadana boliviana detenida en el aeropuerto, que a la fecha no tiene una condena.
Otros casos
En octubre de 2017, Claudia S. E., una joven madre, fue aprehendida en Jujuy, Argentina con un kilo de cocaína. La justicia de ese país la condenó a 15 años de presidio.
Un año después, se conoció su historia y que ella aceptó su error, pero dijo que lo hizo para pagar las sesiones de quimioterapia de su hijo de 13 años; sin embargo, “todo le salió mal” y el menor fue desahuciado.
El Consulado de Bolivia en Salta informó que la justicia permitió a Claudia viajar a Santa Cruz, y estar con su hijo durante 30 días. A los pocos días de su llegada al país, el menor falleció y ella tuvo que retornar a la prisión.
El 5 de enero de 2013, Víctor Parada fue aprehendido por transportar 450 gramos de cocaína en Malasia y condenado a la horca. Prada sufrió un accidente y, al no tener dinero, recibió ayuda de un sudafricano, quien lo extorsionó para que traslade droga.
La justicia de Malasia lo condenó a la muerte y su liberación fue posible por gestiones del Gobierno boliviano, que asignó un estudio jurídico para su defensa, y porque el Gobierno de Malasia abolió la pena de muerte en octubre de 2018.
Otra boliviana fue arrestada en 2019 en el aeropuerto de Kuala Lumpur, Malasia, por portar más de dos kilos de cocaína en su maleta. La justicia la condenó a la pena de muerte, pero en 2022, la Cancillería de Bolivia intervino, logrando hacer cambiar la tipificación de narcotráfico a posesión de sustancia controladas. Cambiando la pena de muerte por una condena de nueve años de prisión.
