El proyecto de ley es respaldado por normativa comparada de otros países latinoamericanos que también eliminaron ese beneficio a sus exmandatarios.
Oscar Balderas, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), presentó un proyecto de ley para eliminar la renta vitalicia de los expresidentes y exvicepresidentes de Bolivia y ahorrarle al Estado, al menos, 1.900.000 bolivianos por año.
“Por intermedio de la presente, al amparo del art 158 de la CPE y el art. 117 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, me dirijo a su persona, haciéndole llegar el ‘Proyecto de ley que abroga la Ley 376 de reconocimiento pecuniario para expresidentes y exvicepresidentes constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia’ para su análisis, tratamiento y consideración de acuerdo al procedimiento, previo cumplimiento de formalidades de orden legal y administrativo”, indica la carta que acompañó al proyecto de ley de Balderas.
En contacto con la ANF, el diputado de CC indicó que el país, bajo el contexto de austeridad económica por la pandemia, se ahorraría al menos 1.900.000 bolivianos al año si sólo se suspende el pago de rentas a cuatro expresidentes y tres exvicepresidentes, entre los que estarían Viíctor Hugo Cárdenas, Jaime Paz, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, Eduardo Rodríguez Veltzé, Carlos Mesa, Evo Morales y Álvaro García Linera.
“Sabemos que son el equivalente a 10 salarios mínimos nacionales que se pagan a cualquier expresidente o exvicepresidente. Es decir, 22.500 bolivianos mensuales. Lo que serían 270.000 bolivianos al año por cada uno. En el equivalente a que sean siete expresidentes y exvicepresidentes tenemos 1.900.000 bolivianos al año. Mensualmente son cerca de 160.000 bolivianos y es un privilegio, no constituye un derecho”, indició Balderas.
El proyecto de ley es respaldado por normativa comparada de otros países latinoamericanos que también eliminaron ese beneficio a sus exmandatarios. Además, se apoya en los argumentos de austeridad económica por la pandemia, igualdad en la jubilación universal con carácter equitativo de pensionistas que deben trabajar decenas de años para obtener una renta mínima que no se asemeja a lo que reciben los exmandatarios que ofrecieron sus servicios al Estado por periodos más cortos.
