Las personas que irrumpieron en la oficina de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) dejaron soldada la puerta. En tanto, suman las voces que denuncian que se busca acallar a la institución.
El grupo fue identificado como afín a Édgar Salazar, que reclama la representación de la organización d, pero argumentó que fue víctima de una estafa y, una vez dentro, desalojó a todos.
Tras el hecho, denunció el allanamiento en el Ministerio Público, pero no acudió.
La presidenta Amparo Carvajal hizo una vigilia. “Amparo, hasta altas horas de la noche y pese a las adversidades, mantiene su vigilia. Los predios fueron tomados por un grupo afín al MAS”, escribió la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena.
Carvajal dijo que antes de la toma tramitaba el pago de impuestos, pero el Segip no le extendía la certificación de su cédula de identidad.
El diputado Jorge Komadina, de CC, denunció: “Tenemos información que empleados gubernamentales han participado de esa toma. Con esto se quiere acallar a Carvajal, que es un símbolo de la defensa de los DDHH”.
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) exigió a las autoridades que procesen y retiren a los avasalladores. “Es un grupo de asalto, lamentablemente en el país siguen actuando los grupos paraestatales. El Conade condena estas acciones”, afirmó el representante del Conade, Manuel Morales. Varios sectores y personalidades han rechazado la toma.
