El expresidente Evo Morales salió a rechazar el informe filtrado de la CIDH que recomienda un juicio por las graves violaciones de derechos humanos en las ejecuciones en el hotel Las Américas. 48 de sus al menos 113 exministros salieron al frente para poner las manos al fuego por el jefe del partido.
Los exfuncionarios respaldaron las decisiones que tomó en su momento Morales para la desarticulación del pregunto grupo terrorista-separatista.
Sin embargo, hay autoridades que no estamparon sus nombres en el comunicado y uno de ellos es el exministro de Defensa, Walker San Miguel, quien el 14 de abril de 2009 (día de las ejecuciones y torturas) fue designado por Morales como ministro de Gobierno en suplencia de Alfredo Rada.
Rada estuvo de viaje en Brasil en una «misión oficial» desde el 14 hasta el 18 de abril, según el decreto supremo de designación de San Miguel.
La UTARC, unidad de élite policial de entonces, intervino el hotel Las Américas por órdenes superiores de la cadena de mando de entonces y que se saldó con tres muertos y dos sobrevivientes detenidos.
La versión de éstos últimos confirmó que en el operativo también participaron militares venezolanos y que los extranjeros muertos fueron acribillados en sus habitaciones y que no hubo cruce de fuego.
También indicaron que el irlandés Michael Dwyer, cuya familia denunció al Estado ante la CIDH, fue ejecutado en un aeropuerto de Santa Cruz después de que fue detenido en el hotel Las Américas junto a ElodTóásó y Mario Tadic.
«Las exministras y los exministros de Estado que tuvimos el honor de participar en el gobierno del presidente Evo Morales, ratificamos nuestro respaldo patriótico y revolucionario a las decisiones que se tomaron en bien de la unidad de la Patria y de nuestro pueblo» señalan los excolaboradores firmantes.
Entre ellos Roberto Aguilar (Educación), Noel Aguirre (Planificación), Wilma Alanoca (Culturas y concejal en El Alto), NemesiaAchacollo (Desarrollo Rural), Rafael Alarcón (Energías), Patricia Ballivián (Producción y Economía Plural), Ariana Campero (Salud), Iván Canelas (Comunicación), Manuel Canelas (Comunicación), Milton Claros (Obras Públicas), Cesar Cocarico (Desarrollo Rural y Tierras), Guillermo Dalence (Minería), Amanda Dávila (Comunicación y gerenta de la editorial del Estado), Alberto Echazú (Minería), Alex Galvez (Trabajo).
Además estampan sus firmas Pablo Groux (Culturas), Mario Guillen (Economía), Nila Heredia (Salud), Héctor Hinojosa (Trabajo), Fernando Huanacuni (Relaciones Exteriores), José Kinn (Obras Públicas), Sacha Llorenti (Gobierno), MarkoMachicao (Culturas y Turismo), René Martínez (Presidencia), Mabel Monje (Medio Ambiente y Agua), Gabriela Montaño (Salud), Teresa Morales (Desarrollo Productivo), Alexandra Moreira (Agua), César Navarro (Minería), Carlos Ortuño (Medio Ambiente y Agua), Claudia Peña (Autonomías), José Pimentel (Minería), Mariana Prado (Planificación), Juan Ramón Quintana (Presidencia), Alfredo Rada (Gobierno).
Antonia Rodríguez (Desarrollo Productivo), Casimira Rodríguez (Justicia), Carlos Romero (Gobierno),
Hugo Salvatierra (Desarrollo Rural), Vladimir Sánchez (Obras Públicas), Luis Alberto Sánchez (Hidrocarburos), Daniel Santalla, Nélida Sifuentes (Desarrollo Productivo), Juan José Sosa (Hidrocarburos), Nardy Suxo (Transparencia), Celima Torrico (Justicia), Gonzalo Trigoso (Trabajo) y Javier Zavaleta (Defensa) también respaldaron al jefe del MAS.
Según los exministros, el informe preliminar de la CIDH «no constituye una sentencia ni un fallo sino una recomendación al Estado boliviano para que investigue hechos que los acusados de separatismo denunciaron como violatorios de sus Derechos Humanos» y que Morales tuvo la valentía de frenar el supuesto separatismo y «recuperar la patria, mantener su integridad y fortalecer la democracia, para los bolivianos y bolivianas cumpliendo una obligación moral, legal y constitucional».
Entre los 65 exfuncionarios de Morales que tampoco firman la declaración están el presidente Luis Arce (exministro de Economía) y el vicepresidente David Choquehuanca (Relaciones Exteriores), Hugo Moldiz (Gobierno), Jorge Pérez (Gobierno), Héctor Arce (Justicia, ahora embajador de Bolivia en la OEA), Lenny Valdivia, Marianela Paco (Comunicación), Pablo Menacho, Julia Ramos, Susana Rivero, Mario Virreira, Abel Mamani, María Cecilia Chacón, Wilfredo Chávez (Justicia y ahora Procurador del Estado), Reymi Ferreira (Defensa), Juan Carlos Calvimontes, Gisela López (Comunicación) entre otros.
La CIDH recomendó al Estado «iniciar una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos de forma completar, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las graves violaciones de derechos humanos reconocidas en el presente informe. Al tratarse de graves violaciones a los DDHH, el Estado no podrá oponer prescripción u otras eximentes de responsabilidad penal para incumplir con los parámetros de debida diligencia establecidos en el presente informe, incluyendo los protocolos de Estambul».
BD/JCV
