El Ministerio de Salud anunció que 63 personas se mantienen hospitalizadas en diversos puntos del país. Los centros de salud, en «alerta roja».
En Perú continúan las protestas y escalan. A pesar del estado de emergencia declarado por el Gobierno, al menos dos manifestantes más murieron en enfrentamientos con la Policía, con lo que el número total de víctimas fatales en las manifestaciones que piden el cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, ya asciende a 22.
La Dirección Regional de Salud de Junín confirmó además que en total tres civiles han fallecido, «producto de los enfrentamientos ocurridos en el distrito de Pichanaki durante el día», hechos que también dejaron 52 heridos, de los cuales 43 son manifestantes y nueve son efectivos policiales.
Estas tres víctimas se suman a las seis de Apurímac, las tres de La Libertad, los ocho de Ayacucho, la de Arequipa, y la de Cuzco.
Hasta el momento, no se han proporcionado las identidades de todas las víctimas, pero al menos tres de ellas eran menores de edad.
El Ministerio de Salud anunció que 63 personas se mantienen hospitalizadas tras las protestas producidas en diversos puntos de Perú.
Este jueves, en el sur del país, protestantes intentaron tomar el aeropuerto, lo que provocó que militares abrieran fuego contra estos.
Ola de protestas en todo el país
Las protestas empezaron a intensificarse el pasado domingo y reclaman el cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte y la convocatoria de una asamblea constituyente, entre otros reclamos.
El Gobierno de Boluarte decretó el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia en las manifestaciones. Además, este jueves se decretó el toque de queda en 15 provincias de ocho departamentos.
«Lamento los trágicos acontecimientos que han segado la vida de varios compatriotas en varias regiones del país. Esto tiene que parar», enfatizó Boluarte en una ceremonia de graduación de oficiales de la Escuela Militar de Chorrillos.
La presidenta convocó a los líderes de la iglesias católica, cristiana y evangélica para instalar una mesa de diálogo en cada una de las regiones que se han movilizado, para así abrir espacios para llamar a los representantes que encabezan las marchas para escuchar sus demandas y canalizarlas.
