El Congreso de Perú archivó hoy martes un pedido de destitución contra la presidenta Dina Boluarte, promovido por la izquierda opositora ante la represión de las protestas que se desataron por la destitución de su antecesor, Pedro Castillo, y que dejaron unos 50 muertos.
“Han votado a favor 37 congresistas, en contra 64, 10 abstenciones:en consecuencia no ha sido admitida la moción de vacancia de la presidenta Dina Boluarte, que pasa al archivo”, anunció el jefe del Congreso, José Williams.
En la sesión participaron 114 de un total de 130 legisladores. Se requería de un mínimo de 50 votos para que la moción sea admitida a debate, según el reglamento del Congreso. Votaron a favor diversas bancadas de izquierda, mientras que los votos en contra y las abstenciones salieron de los partidos de derecha y extrema derecha.
El legislador Hamlet Echeverría sustentó la moción por “incapacidad moral”, asegurando que Boluarte mandó a “ejecutar” a 50 manifestantes, la mayoría de grupos que intentaron tomar por asalto dos aeropuertos en las regiones Puno y Ayacucho, y fueron repelidos por fuerzas estatales.
La Presidencia peruana celebró la decisión del Congreso y exhortó a las agrupaciones políticas a trabajar juntas.
“La presidenta Dina Boluarte saluda que, en circunstancias en que necesitamos mantener la unidad y la estabilidad del país, prevalezca el respeto al orden constitucional y la democracia”, señaló en Twitter la presidencia.
La iniciativa contra Boluarte fue promovida por movimientos de izquierda afines al expresidente Castillo, a quién el Congreso destituyó el pasado 7 de diciembre tras un fallido golpe de Estado cuando intentó disolver el Legislativo y gobernar por decreto.
A sus 60 años, Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, asumió el poder el 7 de diciembre pasado y debe ejercer hasta julio del 2026.
No obstante el rechazo, los legisladores pueden seguir planteando mociones de destitución contra la mandataria. Castillo, quien ejerció 17 meses de su mandato, enfrentó dos pedidos de este tipo antes de su destitución final.
Su caída desató violentas protestas en regiones andinas del sur de Perú y Lima, con más de 50 muertos y un millar de heridos. La Fiscalía abrió el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, aunque goza de un fuero que impide que eventualmente sea llamada a juicio estando en el poder.
Las movilizaciones en su contra exigen la renuncia del gobierno, el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones generales.
