Los comerciantes de ropa usada otorgaron un plazo de cinco días, a partir del 15 de mayo, para que el Gobierno legalice la venta de ropa usada en todo el país; caso contrario, el sector comenzará a protestar y aplicar medidas de presión en todos los departamentos.
“Hemos dado cinco días al gobierno nacional para que nos atienda obviamente con la solicitud. En caso de que no se dé atención al sector, nos estamos movilizando como primera medida a nivel nacional, una marcha escalonada con todas las bases. Estamos hablando de los 9 departamentos”, dijo el ejecutivo del Sindicato de Ropa y Prendería a Medio Uso, Reynaldo Quispe, a radio Fides.
Además, advirtió que, en caso de no ser atendidos por el Gobierno después de realizar la marcha, “estamos programando medidas mucho más fuertes, como es el bloqueo de caminos en los diferentes departamentos”.
Según Quispe, su sector sufrió los efectos de la pandemia y muchos de sus integrantes se están quedando sin capital para continuar con la actividad ilegal.
La legislación boliviana prohíbe la importación y venta de la ropa usada por sus efectos en la salud y en la industria manufacturera nacional.
Según el Ministerio de Salud y Deportes, la ropa de segundo uso puede ocasionar alergias, irritación, enrojecimiento, erupción cutánea y hongos en la piel. La mercadería es desechada como basura desde otros países.
