La comercialización de oro es un «gran negocio» que en la gestión 2022 generó más de 3 mil millones de dólares, de los cuales sólo 75 millones ingresaron al Estado por concepto de regalías.
«Permite proyectar al mes de diciembre una comercialización del oro superior a los 3 mil millones de dólares, al año, de esto para el Estado se quedaría unos 75 millones de dólares, aproximadamente, de regalías, porque impuestos no hay», informó el experto en el tema Héctor Córdova.
Representa un 2,5 por ciento para el Estado, quizás «un poco menos», porque hay empresas que compran a las cooperativas el mineral con 92 o 93 por ciento de pureza, hacen la refinación, alegan que han sometido a un tratamiento metalúrgico y retienen sólo el 1,5 por ciento de regalías.
«Esto ya es grave para el Estado boliviano», sostiene Córdova. «Estamos hablando de 2.925 millones de dólares en bolsillos de particulares que en muchos casos ni siquiera son bolivianos», añade.
Con base en investigaciones periodísticas, manifestó que hay cooperativas mineras que están asociadas con empresas extranjeras, en particular chinas, para la extracción del oro, que en definitiva serían las que se llevan la «tajada de león». Además que el país no se beneficia de los millones generados por regalías en el negocio del oro, las cooperativas mineras también operan en la ilegalidad porque la mayoría no tiene licencia ambiental.
El último reporte del Gobierno respecto a la cantidad de cooperativas en el territorio nacional da cuenta de 1.406, de las cuales 1.299 operan en el departamento de La Paz. Mientras que las estadísticas muestran que las cooperativas crecen a un ritmo de 111 al año.
«La mayor parte de las cooperativas, más del 85 por ciento de las cooperativas no tiene licencia ambiental y eso ya es operar ilegalmente», afirmó, aunque a este tiempo ese dato podría haber cambiado.
Cuestiono que además de no pagar impuestos, que las utilidades no lleguen al Estado, la organización minera opere sin licencia ambiental, eso va en contra de todas las normas y es el Estado que debe controlar esas limitaciones».
Para Córdova, este negocio es el reflejo de la debilidad estatal para generar empleos alternativos y seguros; ante la falta de fuentes laborales la gente busca actividades como la explotación de mineral de manera indiscriminada.
También advirtió del enorme poder que han adquirido las cooperativas, lo que queda en evidencia cuando se movilizan contra el Gobierno en sólo un par de días logran frenar el proyecto de la ley de oro, les rebajan el impuesto al 4,8 por ciento. «Ese es el gran poder económico, político y social que tienen las cooperativas», denuncia.
El experto también cuestionó que el Estado no realice una efectiva fiscalización y actúe con equilibrio con todos los sectores de la población toda vez que de acuerdo a la Constitución los recursos naturales son de todos los bolivianos.
