El departamento no tiene límites internacionales, pero los productos de contrabando logran penetrar, y esta situación evidencia afectación en el sector empresarial local, de acuerdo con estudios realizados por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC).
El contrabando ataca, sobre todo, a los sectores de la pequeña industria, bebidas alcohólicas, industria farmacéutica y alimentos. Además, se prevé que este 2023, esta actividad ilícita aumente su movimiento económico.
En la actualidad, los empresarios privados cochabambinos identifican elementos adversos. El presidente de la FEPC, Luis Laredo, expresa que uno está relacionado con los esfuerzos por recuperar los niveles de producción de antes de la pandemia del coronavirus, COVID-19, para mantener fuentes laborales y generar nuevas oportunidades de empleo. Otro golpe contra el sector está referido a las consecuencias que provoca el contrabando “ante la inacción de las autoridades llamadas por ley para preservar la industria nacional”.
“Por falta de colaboración en la lucha contra este acto ilícito, se perjudica de forma directa al sector formalmente establecido que se encuentra tributando. Esto provoca una reducción productiva de la base tributaria local. Entre 2021 y 2022, el padrón del sector formal en Cochabamba cayó en un 2%, fortaleciendo el ecosistema de la economía informal, analizando los datos reportados por el Servicio de Impuestos Nacional”, sostiene Laredo.
En 2021, el sector formal en Cochabamba representaba el 20% y el informal, 80%; mientras, al cerrar 2022, el sector formal se redujo a 18% y el informal creció, alcanzando 82%. Es decir que, en 2021, por cada 100 empresas, 80 eran informales y 20, formales; en 2022, por cada 100 empresas, 82 fueron informales y solo 18 formales.
“Estos datos deben generar una profunda alarma en quienes están llamados por ley a luchar contra el contrabando”.
LOS MÁS AFECTADOS De acuerdo con la FEPC, los sectores más afectados por el contrabando son el de bebidas alcohólicas, industria farmacéutica, la pequeña industria y la industria alimentaria.
“El contrabando de mercaderías es el motor que impulsa al sector informal. Es decir, las mercaderías provenientes del contrabando son la principal fuente de abastecimiento en los mercados nacionales. La mercadería de contrabando no discrimina negocios legales o ilegales. Esta interacción perjudica la competitividad de las empresas legalmente establecidas en el territorio boliviano, disminuyendo los ingresos de las empresas y por ende el pago de impuestos al Estado”, expone Laredo.
Según el sector privado, la afectación por el contrabando de mercaderías en Cochabamba en el sector productivo y de servicios en 2022 provocó la reducción del 45% de las ventas de los negocios formales, reducción de la ocupación laboral en el sector productivo del 25%, el comercio formal e informal incremento en 20% respecto a la gestión 2021, y se dio la disminución en la capacidad de producción del 30% al 45%.
“En 2022, la normalización de las mercaderías de contrabando en el mercado nacional fue más evidente que en anteriores gestiones debido a la crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19 en el país”.
El estudio realizado por la unidad de Planificación, Proyectos y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la FEPC cuantifica la estimación de contrabando para las siguientes gestiones en Cochabamba. En los negocios formales se evidencia mercadería importada ilegalmente entre el 40% a 55%, dependiendo del rubro. En los principales mercados de abasto los productos de la ciudad el porcentaje de las mercaderías importadas ilegalmente es 65%.
En los lugares donde se establecieron ferias de mercaderías de contrabando, los precios de los productos están más bajos, un 40% a 65%, con relación a los mercados y establecimientos formales en la cuidad. Existe una variedad de productos, como artículos de limpieza, cereales, enlatados, bebidas alcohólicas, dulces y fiambres.
TRIPLE HASTA 2023 El estudio revela que, en 2020, el contrabando en Cochabamba generó un movimiento económico de 504 millones de dólares; en 2021 fueron 693 millones de dólares; en 2022, 742 millones de dólares; y para 2023 se proyecta que el contrabando en el departamento generará un movimiento económico de 787 millones de dólares.
“Cochabamba registrará un incremento del movimiento económico por contrabando del 35% en tan solo cuatro años. En términos de valor, se habrá incrementado en 283%”, sostiene la FEPC, haciendo referencia a más del triple.
Los empresarios privados advierten que no existen beneficios en una actividad ilícita.
“A 2022, la cuantía del contrabando de mercaderías representó el 8% del PIB (Producto Interno Bruto) nacional; es decir, la tasa de crecimiento se contrae a consecuencia de la disminución del 8% del PIB en el dinamismo económico (…). Si consideramos el desempeño regional, en el mismo período, el contrabando en Cochabamba representó el 12 % del PIB departamental”.
¿QUÉ INGRESA Y POR DÓNDE? Según la FEPC, el 80% de la mercadería de contrabando que se comercializa en Bolivia ingresa por las fronteras que Bolivia tiene con Chile y Argentina.
“Los puertos chilenos facilitan al acceso a estas mercarías. En el caso de Argentina, la constante depreciación su moneda hace que sus productos encuentren un mercado atractivo en Bolivia, por el tipo de cambio fijo que tenemos en el país”.
Los productos de contrabando en Bolivia son de alta calidad, porque pertenecen a una industria consolidada en sus países de origen.
Los productos que ingresan desde el Perú son, en su mayoría, “piratas”; es decir que, utilizan la marca de origen falsificada, imitando sus elementos distintivos.
“Aunque la población pueda percibir un aparente beneficio por el bajo costo de los productos de contrabando, es importante resaltar que atentan contra la salud, la industria nacional, las fuentes de empleo; pero, sobre todo, fomentan a que este círculo vicioso se siga expandiendo a diferentes zonas. Esto debe a que el dinero que las personas que venden contrabando lo utilizan para seguir adquiriendo estos productos”.
Los denominados mercados de contrabando en Cochabamba provocaron un fenómeno de oferta de productos especializados según su país de origen de importación irregular.
Las bebidas alcohólicas, refrescos, alimentos procesados, cereales y pastas provienen de Argentina. Indumentaria, textiles y manufactura son importados ilegalmente desde el Perú, y existe falsificación de marcas. La línea blanca, maquinaria y equipamientos provienen de Brasil.
Mientras, los puertos chilenos y la frontera argentina ingresan productos farmacéuticos y textiles.
VEHÍCULOS Y REPUESTOS A decir del sector privado empresarial, aunque existen iniciativas para atender la problemática del contrabando, “los esfuerzos resultan reducidos por un fenómeno de especialización de la población dedicada a la importación ilegal de mercaderías” que, durante los últimos años, perfeccionaron estrategias y logística para consolidar rutas internacionales en común acuerdo con comunidades fronterizas.
Los artículos de contrabando con mayor frecuencia de comiso a nivel nacional son vehículos y repuestos con el 64.8%, prendería con el 5.7%, alimentos y bebidas con el 4.9%, electrodomésticos con el 4.7%, cosméticos y limpieza con el 1.6%, aeronaves y sus partes con el 2% y otras mercaderías con el 16.3%.
“Los decomisos y allanamientos de contrabando en Cochabamba representan el 22% de lo registrado a nivel nacional. Este dato es muy alarmante, teniendo en cuenta que Cochabamba es el único departamento de Bolivia que no cuenta con una frontera internacional. Esto nos indica que la gran logística y especialización alcanzada por las mafias contrabandistas que han logrado atravesar mercaderías por dos o más departamentos hasta llegar a nuestra región”, dice Laredo.
La FEPC ve con preocupación la violación de los mecanismos de control declarados por diferentes niveles del Estado.
PROPUESTAS Laredo informa que la FEPC presentó propuestas como la implementación de tecnologías de monitoreo, como los sistemas de seguimiento y la inteligencia artificial para detectar patrones de contrabando y alertar a las autoridades; la ampliación de las penas para los contrabandistas; la sensibilización a la población sobre los riesgos del contrabando, para prevenir su participación en estas prácticas y denunciar actividades sospechosas; además de campañas de concientización sobre las consecuencias negativas sobre la compra de productos de contrabando.
El Presidente de la FEPC detalla que durante los últimos dos años sostuvieron reuniones con autoridades de diferentes niveles del Estado. Solicitaron la revisión de la normativa de importación de mercadería en cuanto al monto de libre importación y las sanciones de las personas que se dedican a este ilícito. También pidieron controles cruzados.
“Sin embargo, vemos que estas reuniones no han generado los resultados esperados por nuestras empresas (…). El Estado, sin importar el nivel de administración que le compete, debe apoyar y multiplicar esfuerzos para poder ver resultados”, expresa, y agrega la importancia del consumo de lo hecho en Bolivia.
Para este 2023, Laredo manifiesta que trabajan en seguir colaborando con las autoridades para denunciar el contrabando y ayudar a identificar y detener a los contrabandistas; implementar medidas de seguridad en las operaciones, como el uso de sellos, sistemas de seguimiento y monitoreo, y verificaciones de identidad para prevenir el ingreso de productos de contrabando; establecer alianzas de unión interempresarial para compartir información; participar en campañas de concientización; y promover el comercio justo y fomentar la competencia leal en el mercado, ofreciendo productos y servicios de calidad a precios justos.
Las ferias migran para evitar controles
La población encuentra en los productos importados irregularmente una fuente atractiva por su menor costo; “pero, arriesgando su salud, por la falta de inocuidad o cualquier tipo de mecanismo que garantice su salubridad”.
Las denominadas ferias del contrabando “evolucionaron” durante los últimos 12 meses. Inicialmente, las personas dedicadas a esta actividad comercializaban los productos en los mercados tradicionales. Después, fueron migrando a municipios “con menor capacidad operativa para ejercer control”.
“Esto representa un nuevo problema de migración metropolitana del contrabando a sectores periféricos o con disputas territoriales entre dos alcaldías, como el caso de Pacata”, donde los mismos propietarios de otras tiendas formales desalojaron a los vendedores de productos de contrabando.
Por otro lado, generaron estrategias para ofertar esos productos en comercios móviles como camiones, además de la oferta a través de redes sociales, lo que dificulta más el control por parte de autoridades.
