EL INFORME PRELIMINAR SE ENTREGARÁ EL VIERNES. Los comisionados se reunieron con activistas, familiares de perseguidos políticos, militares del servicio pasivo y autoridades de Estado. Hay reclamos desde Potosí por no agendar visitas a las cárceles de esa región. Restan cuatro días de trabajo
en Bolivia.
Relatores y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciaron ayer su trabajo de observación a la situación de derechos fundamentales en Bolivia. En el primer día, los comisionados se reunieron con autoridades de Estado, como el vicepresidente David Choquehuanca, activistas, familiares de presos políticos y militares del servicio pasivo de Santa Cruz.
Este último grupo denunció al general Juan José Zúñiga, comandante del Ejército, por “dirigir” a la cúpula militar “Pachajchos” que estaría cometiendo vulneraciones contra algunos miembros de las Fuerzas Armadas.
“Se ha planteado que el comandante Zúñiga es el que ha organizado un grupo de represión Pachajchos que se encarga de hacer investigaciones, entre otras tareas oscuras (en las Fuerzas Armadas). Es un grupo de privilegiados dentro de la institución militar que la maneja a manera de mercenarios contra la sociedad. Está entregando a sus camaradas para que la justicia los encarcele a su modo, aparte de cortarles la oportunidad de hacer trámites para su jubilación digna”, sostuvo coronel retirado del Ejército Jorge Santistevan como representante de los militares en reserva de Santa Cruz.
Los “Pachajchos” se crearon en la última gestión presidencial de Evo Morales. Es un grupo que tiene como principal misión la inteligencia militar. Poseen mucho peso en el combate contra el contrabando, indicó Santistevan.
En febrero de 2022, el general Zúñiga, cuando fungía como jefe del Estado Mayor del Ejército, admitió la existencia del grupo y dijo que eran “víctimas de mentiras, de calumnias”.
La CIDH inició ayer una visita “in loco” a Bolivia. El objetivo de su estadía es la observación “in situ” de la situación de los derechos humanos en Bolivia, con un énfasis especial en la institucionalidad democrática, los desafíos de acceso a la justicia y a las garantías judiciales; el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y la discriminación respecto de poblaciones en situación histórica de vulnerabilidad, aseguró el comisionado Joel Hernández, relator para Bolivia.
La misión programó reuniones y entrevistas por separado, dividieron el grupo para acelerar su trabajo y de ese modo abarcaron varios encuentros en forma paralela, algunos se reunían con los ministros y otro grupo recibía las entrevistas pactadas en el hotel Atix, que se convirtió en su cuartel general en la zona Sur de La Paz.
La tarde de ayer, la Asociación de Familiares de Víctimas, Perseguidos y Presos Políticos (Afavim) acudieron a la cita con la CIDH y en el encuentro denunciaron los abusos que se cometen con la detención preventiva a la que calificaron como “infinita” y servil para que los procesos “políticos” no concluyan.
Asimismo solicitaron, pese a que está en la agenda, una visita a Santa Cruz para detallar los hechos violentos y las represiones policiales durante el conflicto por el censo y la detención a Camacho.
Como antesala, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, transmitió a la CIDH lo ocurrido en el paro de los 36 días en la capital cruceña y aseveró que las movilizaciones intentaron desestabilizar al Gobierno del presidente Luis Arce.
“Describimos de la manera más objetiva posible los actos vandálicos y violentos que se suscitaron en diversas “protestas” en el país con el objetivo de desestabilizar la gestión del presidente, Luis Arce, por ejemplo, el bloqueo forzoso e infructuoso de 36 días que dejó mucho dolor al pueblo cruceño”, señala el texto que publicó la autoridad en sus redes sociales.
Fue una jornada amplia para la CIDH que también se reunió con el vicepresidente Choquehuanca, el ministro de Justicia, Iván Lima, y el embajador ante la Organización de los Estado Americanos, Héctor Arce Zaconeta.
Otras denuncias
El abogado y padre del exministro Jerjes Justiniano Atalá, Jerjes Justiniano Talavera, exigió una audiencia a los comisionados para tratar el caso de “persecución” a su hijo y para entregar la denuncia contra el Estado que ya cursa en Estados Unidos.
“La denuncia que quiero entregar es por la violación de derechos humanos y la absoluta pérdida del Estado de Derecho que no existe en Bolivia. Pero en lo personal, hay una persecución indebida y presos ilegales como el caso del gobernador y el caso de mi hijo cuyo delito es haber pacificado el país después que el MAS nos subvertió”, sostuvo Justiniano.
El padre del exministro dijo que se afiliará a la Afavim que ayer conversó con la CIDH y denunció al fiscal Omar Mejillones y al juez Marco Amaru, entre otros administradores de justicia por incurrir en detenciones “ilegales” y por supuestamente excederse en sus atribuciones.
Mientras, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) reclamaron a los miembros CIDH por no agendar visitas a todas las cárceles del país y argumentaron que existe “discriminación” para algunas regiones.
“Denunciamos discriminación de la CIDH. Hemos mandado con la debida anticipación las cédulas de identidad de las personas detenidas, con los números de sus abogados y los recintos penitenciarios. Ahora conocemos que no va a haber una visita privada a cada preso político denunciante de vulneración de derechos humanos y conocemos que no va a ir a Potosí”, refutó el representante del Conade, Manuel Morales. El activista anunció movilizaciones desde el miércoles en los recintos penitenciarios de La Paz, Potosí y Santa Cruz.
Por su lado, el activista y ex representante de Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto, David Inca, consideró que en Bolivia no existen perseguidos políticos como arguyen los opositores al Gobierno. Calificó a estos políticos como autores intelectuales de las masacres de Sacaba y Senkata de 2019.
Carolina Ribera, hija de Jeanine Añez, dijo que los comisionados visitarán este martes a su madre en la cárcel de Miraflores. “Nosotros no pedimos que la CIDH diga que mi madre es inocente. Lo que pedimos es un juicio justo, pedimos juicio de responsabilidades”, manifestó.
Los abogados de Camacho aseguraron que estarán en vigilia, ya que no saben la fecha y hora de la visita en Chonchocoro.
