La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes lo que consideró como un «uso arbitrario de la fuerza» por parte del Gobierno peruano en la Universidad San Marcos el pasado 21 de enero.
El comisionado de la CIDH, Edgar Ralón, presentó este lunes ante la CIDH un adelanto de un informe que la comisión dará a conocer sobre la situación en Perú, en donde se pide el «cese inmediato» de la violencia.
Ralón condenó en su intervención el desalojo de la Universidad San Marcos por parte de fuerzas de seguridad del Estado, en una muestra de «uso arbitrario de la fuerza».
«El Estado no puede justificar un quebrantamiento a los estándares del uso de la fuerza pública en detrimento a los derechos humanos», señaló.
El 21 de enero, una tanqueta irrumpió, junto a cientos de policías, en la Universidad San Marcos, la principal del país y la más antigua de América, donde había cientos de manifestantes acampados allí para participar en las marchas antigubernamentales en la capital. El desalojo resultó en 200 detenciones.
El mismo día, la CIDH expresó su «preocupación» por la incursión policial y pidió al Gobierno peruano rendir cuentas sobre los hechos.
«Los Estados deben abstenerse de incurrir en detenciones masivas, colectivas e indiscriminadas en contextos de protesta social», dijo la comisión entonces.
El representante de la cancillería peruana en la OEA, Paul Duclos, defendió en cambio hoy la intervención policial en la universidad, asegurando que se efectuó “a pedido del apoderado de la casa de estudios”.
«La intervención fue realizada en flagrancia delictiva en el contexto del estado de emergencia en Lima», dijo el diplomático.
Por su parte, el embajador de Colombia, Luis Ernesto Vargas, quien presentó este lunes una resolución aprobada por el Consejo Permanente que pide que se convoquen elecciones pronto en Perú, criticó a su vez la actuación del Gobierno peruano.
La intervención en la universidad es un reflejo del “agravamiento reminiscente de épocas aciagas en el continente”, sostuvo añadiendo que «el impacto que causa ver tanquetas para acceder a la universidad lo hace a uno pensar en el carácter indiscutible de las garantías a los derechos fundamentales».
Hasta ahora se han reportado al menos 65 fallecidos en Perú desde que en diciembre pasado comenzaron las protestas antigubernamentales que exigen la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales anticipadas y la convocatoria de una asamblea constituyente.
Boluarte asumió el poder en Perú el pasado 7 de diciembre tras el intento fallido de golpe de Estado de Pedro Castillo.
Las manifestaciones de rechazo a la presidenta empezaron en el sur del país en cuanto asumió el cargo y se fueron extendiendo a casi todo el territorio.
