Después de que la Comisión de Economía Plural suspendiera el análisis de uno de los contratos, el diputado Guillermo Benavidez advirtió que se quiere entregar un recurso estratégico en condiciones abusivas.
“Es un pésimo negocio para Bolivia y es desastroso para el salar de Uyuni”, señaló este jueves el diputado potosino Guillermo Benavidez, miembro de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), después de que la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados suspendiera el análisis de uno de los contratos.
En lo económico, CC advierte que se le debe devolver a la firma china los màs de $us 1.000 millones de inversión con un 12% de interés y con una tasa de 2,5% por inflación que se va ajustando cada mes.
“Los chinos se quedan a operar la planta, ellos la van a producir. La empresa china construye, fabrica su planta y la opera 36 años. El producto que produce se va a la China. Terminan 36 años y entregarán las ruinas de la planta que ellos han construido y no hay transferencia tecnológica”, señaló el asambleísta en contacto con UNITEL.
Sobre el tema ambiental, Benavidez resaltó que no hay una cláusula que diga quién es el responsable de las miles de toneladas de desechos que van a quedar en el salar de Uyuni, por lo que si no hay una responsabilidad en la empresa, esto recae en el Estado.
Explicó que no hay una norma que regule dónde van a ir a parar las aguas contaminadas y no hay un ningún estudio hidrogeológico sobre la cantidad de agua que se puede sacar sin afectar a las comunidades que usan esa agua dulce, por lo que son argumentos clave por los que CC no contempla aprobar este proyecto de ley.
Benavidez advirtió que existen irregularidades que no solo apuntan a lo económico, sino también a lo legal y a lo ambiental, remarcando que se quiere entregar un recurso estratégico a empresas extranjeras en condiciones abusivas y sin transparencia.
Respecto al tema jurídico, el parlamentario señaló que el contrato que se debía tratar este miércoles -el de la empresa Hong Kong CBC Investment Limited- es inconstitucional porque viola lo estableció en el parágrafo 3 de la Ley 928 de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), donde se establece que la estatal desarrollará los procesos de química básica de sus recursos evaporíticos “con una participación 100% estatal para la producción y comercialización”.
“En el mismo contrato, esta norma es violada jurídicamente porque toda la cadena se la entregan a la empresa china”, advirtió el parlamentario, al referir que también YLB prevé devolver los impuestos y las tasas que pague la firma china.
En lo económico, CC advierte que se le debe devolver a la firma china los màs de $us 1.000 millones de inversión con un 12% de interés y con una tasa de 2,5% por inflación que se va ajustando cada mes.
“Los chinos se quedan a operar la planta, ellos la van a producir. La empresa china construye, fabrica su planta y la opera 36 años. El producto que produce se va a la China. Terminan 36 años y entregarán las ruinas de la planta que ellos han construido y no hay transferencia tecnológica”, señaló el asambleísta en contacto con UNITEL.
Sobre el tema ambiental, Benavidez resaltó que no hay una cláusula que diga quién es el responsable de las miles de toneladas de desechos que van a quedar en el salar de Uyuni, por lo que si no hay una responsabilidad en la empresa, esto recae en el Estado.
Explicó que no hay una norma que regule dónde van a ir a parar las aguas contaminadas y no hay un ningún estudio hidrogeológico sobre la cantidad de agua que se puede sacar sin afectar a las comunidades que usan esa agua dulce, por lo que son argumentos clave por los que CC no contempla aprobar este proyecto de ley.
