El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló en enero que durante la crisis de 2019 se movilizaron más de Bs 2.1 millones a través de las cuentas bancarias de Camacho.
El encarcelado gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se acogió a su derecho al silencio y evitó declarar en la investigación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. La pesquisa fue activada por flujo de dinero de y hasta sus cuentas bancarias durante y después de la crisis de 2019, que acabó con la renuncia a la presidencia de Evo Morales y la posterior asunción de Jeanine Añez.
La Procuraduría General del Estado presentó la denuncia y la Fiscalía inició la pesquisa. Es en el marco de esta investigación que se citó a Camacho, recluido en la cárcel de Chonchocoro de La Paz desde diciembre de 2022 por el caso Golpe de Estado I.
“El gobernador se ha acogido a su derecho constitucional de guardar silencio”, informó Martín Camacho, abogado del gobernador.
Según un reporte de Bolivia TV, la audiencia de declaración concluyó cerca de las 15:00. Camacho fue uno de los actores centrales del movimiento cívico de 2019. Tras la crisis reveló que su padre, José Luis, “arregló” con militares y policías para que dejen de respaldar al gobierno del expresidente Evo Morales, como terminó ocurriendo.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló en enero que durante la crisis de 2019 se movilizaron más de Bs 2,1 millones a través de las cuentas bancarias de Camacho.
El padre y hermana de Camacho, José Luis y Rosa Camacho, respectivamente, también se abstuvieron a declarar el pasado viernes.
En el marco de las investigaciones por el caso Golpe de Estado I, un informe oficial evidenció que la familia Camacho y su círculo de confianza giraron y recibieron montos de dinero antes y durante la crisis del 2019 y también tras la posesión de la exsenadora Jeanine Áñez como presidenta del Estado.
