“El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante los canales diplomáticos respectivos, solicitó a la Embajada del Reino de España y al Consulado General de Chile en Bolivia, información respecto al ‘estatus de observador’ que declararon tener ambos parlamentarios públicamente en territorio nacional”, informó la Cancillería respecto al accionar de de los legisladores Víctor González Coello, de España, y Luis Fernando Sánchez, de Chile.
A través de los canales diplomáticos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia rechazó el accionar de los legisladores Víctor González Coello, de España, y Luis Fernando Sánchez, de Chile, – quienes arribaron al país en los últimos días- y solicitó a sus embajadas en el país información respecto al “estatus de observador” que declararon para irrumpir en las oficinas de Comando Departamental de la Policía en Santa Cruz.
En un comunicado, la Cancillería de Bolivia consideró “desatinadas” las declaraciones emitidas por González Coello y Sánchez, en relación a asuntos que son “esencialmente de jurisdicción interna del Estado Plurinacional de Bolivia, relacionados con la aprehensión de Luis Fernando Camacho”, procesado por el caso Golpe de Estado I.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante los canales diplomáticos respectivos, solicitó a la Embajada del Reino de España y al Consulado General de Chile en Bolivia, información respecto al ‘estatus de observador’ que declararon tener ambos parlamentarios públicamente en territorio nacional”, cita el documento.
Asimismo, el Ministerio “expresó el rechazo al accionar de los diputados señalados, quienes sin ninguna acreditación se arrogaron la representación de sus Gobiernos y Congresos, lo que constituye en una inaceptable injerencia en los asuntos internos de Bolivia”.
González y Sánchez acompañaron el lunes al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, durante la irrupción a la dependencia del Comando Departamental de la Policía.
Los tres se quejaron, con diversos tonos, por el uso de la fuerza en contra de las protestas que exigen la liberación del procesado Luis Fernando Camacho, quien guarda detención preventiva por cuatro meses en el penal de Chonchocoro desde el 30 de diciembre.
Justificando la toma y quemas de más de una veintena de entidades públicas y privadas protagonizadas, presuntamente, por grupos que apoyan a Camacho, tanto Gonzales como Sánchez alegaron que están en el país para “recabar información sobre presuntas violaciones a los derechos humanos”.
