El mensaje presidencial del mandatario boliviano, Luis Arce, no fue del agrado del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, quien ve en sus palabras un ánimo «represivo» en contra de Santa Cruz y, esencialmente, de sus dirigentes cívicos.
La mañana de este viernes, el Dignatario, tras anunciar la promulgación de la Ley del Censo (la norma 1492 ya aparece en la Gaceta), también dirigió un fuerte mensaje crítico en torno a paro cruceño, que se extendió durante 36 días, en demanda de que la encuesta censal pudiera ser en 2023.
Con la normativa, el Presidente garantizó la realización de la consulta nacional para marzo de 2024.
En su intervención pública, Arce lamentó el desarrollo del paro, con bloqueos de por medio, y concluyó que las medidas de protesta respondieron a la intención de «instrumentalizar» el Censo por parte de quienes lideraron la movilización.
En dicho sentido, Camacho salió a la palestra, en horas de la tarde, para exponer su descontento y advertir que -según él, el Gobierno querría sembrar una «oleada represiva» contra el oriente y sus dirigentes.
«El discurso del Presidente anuncia una nueva oleada represiva contra Santa Cruz, principalmente contra sus dirigentes. El discurso pretende imponer un relato sobre una supuesta voluntad violenta del pueblo cruceño para justificar nuevas operaciones contra Santa Cruz», dijo, en un video corto que compartió en redes sociales.
ESPERA «IMPARCIALIDAD»
El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y parte del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, se refirió a los procesos que siguen su curso contra él, Camacho y Rómulo Calvo, debido a las consecuencias del paro.
Exteriorizó su deseo de que «la Justicia actúe siempre de manera imparcial».
«Aquí ha existido un pueblo que de manera pacífica ha cumplido un paro indefinido, producto del mandato de un cabildo. Ha habido también, y eso es bueno recordarle, un cabildo paralelo organizado por los movimientos sociales que nosotros también lo respetamos».
Recordó, también, que existió un cerco a Santa Cruz que impidió a sus ciudadanos el acceso a alimentos.
«Creo que, a la hora de hablar de procesos, se tiene que hacer una valoración objetiva y, obviamente, no es el Ejecutivo quien tiene que hacer la valoración objetiva de algunos delitos, si se hubieran cometido. Es, justamente, el Órgano Judicial, en el marco de su competencia, de su independencia, quien debe hacer ello».
