El grupo paramilitar llevó a cabo una movilización el día 21 de junio, donde pidieron libertad para los cabecillas de esta organización irregular.
Abogados y representantes de Derechos Humanos coincidieron que los cabecillas aprehendidos de la Resistencia Juvenil Cochala, RJC, no son presos políticos, sino personas que cometieron delitos públicos y deben ser juzgados por ello.
Estas personas, coincidieron, fueron aprehendidas por delitos como organización criminal, privación de libertad, instigación pública a delinquir y delitos contra la salud pública.
El abogado analista Israel Quino indicó que, “la única vía que tenemos en el país es la vía ordinaria, por delitos comunes entonces aquellos involucrados, procesados, investigados, como los cabecillas de esta organización paramilitar, como es la RJC, están procesados por delitos de terrorismo, delitos contra la seguridad del Estado”.
La comunidad internacional no ha establecido en ningún momento “persecución política” en Bolivia; por el contrario, los organismos del exterior insistieron e insisten en que, en señal de reparación a las víctimas del golpe de Estado acabe la impunidad de los responsables de estos hechos, si bien asimismo han señalado falencias estructurales de la justicia en las que se está trabajando para solucionar, dijo.
El proceso que llevan estas personas como las medidas de aprehensión y su próximo ingreso a juicio, está enmarcada dentro la Constitución y el Código de Procedimiento Penal Boliviano.
La presidenta Pro Derechos Humanos de Bolivia, Nadeshda Guevara, manifestó que los delitos que cometieron los integrantes de este grupo son crímenes en contra de la sociedad y no tienen ningún índole política.
“No son presos políticos, cometieron hechos delictivos contra la sociedad, son parte de grupos paramilitares. Hay informes internacionales que lo demuestran”, dijo.
Por su parte, el Representante de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, explicó que el preso político generalmente es aquella persona que es perseguida por sus creencias religiosas, inclinaciones políticas, su ideología, que se les restringe sus derechos más básicos, a la vida, la libertar y que no podría desarrollarse en su comunidad.
“La denominación presos políticos no está normada en el Código Penal, es más una denominación mediática, estas personas están privadas de libertad por los hechos delictivos que cometieron”, afirmó Inca.
De la misma forma el asambleísta de Cochabamba Sergio de la Zerda, calificó como un hecho de justicia la aprehensión de estas personas “en relación a su responsabilidad con lo acontecido en 2019 y 2020, cuando sembraron el terror en plazas, calles y avenidas de Cochabamba, donde, sin tener ninguna atribución legal, se daban el lujo de controlar documentos y hasta celulares a los transeúntes; no solo humillaron y golpearon a jóvenes y obreros, sino que atacaron a mujeres, muy especialmente de pollera”.
