Tribunal ordenó implementar protocolo de protección para la víctima de bullying del Colegio San Bernardo de Tarija.
Indignación y clamor por justicia en el Colegio San Bernardo tras un preocupante caso de bullying que ha salido a la luz en los últimos días. Los padres de familia se vieron en la necesidad de acudir al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) en busca de respuestas y protección para sus hijos. Los vocales de la Sala Penal Primera resolvieron conminar a las autoridades de la institución a elaborar y aplicar un protocolo para proteger a los menores que sufran cualquier tipo de agresión por parte de otros estudiantes.
Según relató el abogado Marco Cardozo, este caso se remonta a la gestión 2022, cuando la víctima comenzó a sufrir violencia psicológica y constantes insultos, lo que llevó al niño y a su madre a optar por tomar clases virtuales durante todo un año debido a la falta de acción por parte del colegio.
A pesar de ello, al regresar a las clases presenciales en este 2023, el acoso y los insultos continuaron sin cesar, alcanzando un punto crítico el pasado 16 de junio. En esa fecha, el niño denunciado por bullying propinó patadas en los genitales del menor afectado, causándole graves daños, hematomas, trauma y escoriaciones en dicha área y en sus piernas. El informe médico forense dictaminó un período de 14 días de impedimento para la víctima.
El incidente ocurrió en el campo deportivo del colegio, donde el adolescente agresor habría atacado al menor hasta dejarlo tendido en el suelo, evidenciando la gravedad de la situación. Ante este escenario, la Dirección Departamental de Educación (DNA) tomó conocimiento del hecho este martes y ya ha tomado medidas al respecto.
El protocolo establece la recolección de antecedentes para una intervención conjunta con profesionales de psicología, trabajo social y asesoría legal, a fin de abordar adecuadamente las consecuencias emocionales y jurídicas del caso.
Los padres de familia, además de buscar justicia, han manifestado su preocupación por la presunta negligencia de las autoridades educativas. Si bien están de acuerdo en preservar la identidad de los agresores, hacen un llamado a garantizar la protección de las víctimas, quienes merecen un entorno escolar seguro y libre de violencia.
