La presidenta de Perú, Dina Boluarte, respondió ayer durante unas tres horas ante la Fiscalía de la Nación (general) y ahora espera ser excluida de las investigaciones que se hacen por las decenas de muertes que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre a marzo pasado, afirmó su abogado, Joseph Campos.
«El compromiso que asumimos de responderle todas las preguntas al Ministerio Público ocurrió, porque así lo dispone la ley, y ahora tenemos la expectativa de que, habiendo ocurrido esto, ahora podamos tener lo que corresponde, que es la exclusión de la presidenta de la República de esta investigación», declaró Campos al Canal N de televisión.
El abogado precisó que Boluarte no respondió a las preguntas hechas «por quien no corresponde», en referencia a la prerrogativa presidencial que indica que solo podía ser interrogada por la fiscal general, Patricia Benavides.
Además de ello, Campos consideró «importante» la diligencia fiscal y dijo que «se desarrolló en el marco de algo que hace mucho no se ve: una relación respetuosa entre las autoridades democráticas».
«La diligencia se desarrolló con absoluta normalidad y en el marco que dispone la ley», acotó.
Campos cuestionó, sin embargo, que exista una investigación preliminar por el delito de genocidio contra la gobernante, algo que aseguró que no tiene «ningún sentido», pero sí un «efecto deteriorante» mientras se mantenga vigente.
El abogado remarcó que, ante la gravedad de los hechos, esta investigación merece un «tratamiento sereno y desapasionado».
Boluarte declaró en la sede principal de la Fiscalía de la Nación, a donde ingresó y luego abandonó en estricto privado y sin ofrecer declaraciones, ni ningún pronunciamiento posterior, salvo las declaraciones de su abogado.
La Presidencia de Perú se limitó a señalar en Twitter el momento en que Boluarte llegó a la sede de la Fiscalía y, tres horas después, que ya había culminado la diligencia, mientras que la Fiscalía tampoco emitió un pronunciamiento sobre el interrogatorio.
LA INVESTIGACIÓN FISCAL
En el interrogatorio por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, la fiscal general estuvo asistida por el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, que investiga los casos abiertos contra altos funcionarios del Estado.
En esta investigación también se ha incluido al primer ministro, Alberto Otárola; a su antecesor, Pedro Angulo; a los exministros del Interior, Víctor Rojas y César Cervantes, así como al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Boluarte ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de resolución una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro Otárola.
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las manifestaciones dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas siete haitianos, perdieron la vida por acciones de protesta como el bloqueo de carreteras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de «ejecuciones extrajudiciales» en Perú.
