La presidenta peruana, Dina Boluarte, relacionó el miércoles en unas declaraciones la llegada y presencia en el país de migrantes venezolanos y haitianos con la inseguridad ciudadana. Son «lamentablemente los que están cometiendo estos actos delincuenciales», dijo en referencia a 800.000 extranjeros que llegaron al país en la etapa de gobierno de Pedro Kuczynski.
Anunció también plazos que los migrantes regularicen sus documentos y ordenó que los militares acudan a las fronteras para reforzar el control migratorio junto con la policía.
Las declaraciones de Boluarte concurren con un ambiente de preocupación por la inseguridad ciudadana y por la llegada de extranjeros indocumentados —incluidos venezolanos, colombianos y haitianos— quienes buscan ingresar a Perú procedentes de Chile donde aumentaron los controles migratorios. Los migrantes, entre ellos mujeres y niños, están en medio de una vía que une las fronteras de Chile y Perú.
Boluarte dijo en conferencia de prensa que cuando se mencionan los temas de migración e inseguridad ciudadana, aun siendo dos temas diferentes, se debe «hablar casi al unísono». Argumentó que durante el gobierno del expresidente Pedro Kuczynski (2016-2018) se permitió «el ingreso libre a todo aquel ciudadano que quisiera entrar» y que en ese tiempo entraron 800.000 venezolanos y otros tantos haitianos que son «lamentablemente los que están cometiendo estos actos delincuenciales».
La mandataria peruana recordó que la prensa radial, escrita y televisiva «emite todos los días que quienes cometen a diario asaltos y robos y demás actos delincuenciales son extranjeros». Añadió que las medidas que toma su gobierno pretenden proteger a los peruanos de la delincuencia que «estos extranjeros en su calidad de inmigrantes cometen en territorio nacional».
El tema migratorio dominó gran parte de la agenda local desde que el municipio de Lima prohibiera el oficio de limpiavidrios, luego de que a inicios de abril un venezolano que realizaba este oficio matara a un peruano al clavarle la hoja de una tijera en el corazón. También la policía detuvo decenas de venezolanos por ser sospechosos de integrar una organización delictiva.
En 2021, la Pontificia Universidad Católica de Perú realizó un estudio llamado «la percepción pública respecto a las personas venezolanas en el espejo de los medios de comunicación». Tras analizar 380 notas periodísticas, halló que 80% del contenido caracterizaba negativamente a migrantes venezolanos.
La oficina en Perú de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) pidió la semana pasada que no se incite a la discriminación a los extranjeros «frente a la cobertura en medios y redes estos últimos días de delitos asociados a ciudadanos de nacionalidad venezolana». Pidió sancionar a quienes cometan delitos, sin importar su nacionalidad, pero insistió que esos incidentes «no representan a la comunidad» y no deben «incitar a la discriminación».
La mayoría de venezolanos trabajan e impulsan la economía de Perú, según datos oficiales. En las cárceles, los presos venezolanos suman el 2% de los reos, según el Instituto Nacional Penitenciario.
En la misma conferencia, Boluarte añadió que los extranjeros que ingresaron de forma regular y que, con el paso del tiempo, su situación migratoria se convirtió en irregular, podrán volver a regularizar sus documentos en un plazo de seis meses sin multas. Indicó que se evaluará otro plazo, aún no determinado, para los que ingresaron sin someterse a ningún tipo de control migratorio.
La mandataria dijo que también enviarán de forma temporal a los militares a diversos puntos de las fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile para reforzar el control fronterizo que realiza la policía. No es la primera vez que los militares son destinados a esta función.
ACNUR dijo en 2022 que los venezolanos en Perú constituyen casi el 3,5% de la población de unos 33 millones y que Lima —donde hay 1,1 millón de venezolanos— es la primera ciudad del mundo en cantidad de personas venezolanas desplazadas.
