Está detenida desde marzo de 2021 en un penal de mujeres Miraflores situado en La Paz con condena firme de 10 años de prisión por «golpe de Estado».
La Justicia falló en contra de un recurso presentado por la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez (2019-2020), por lo que dio vía libre para un nuevo juicio penal en la vía ordinaria.
El juez Heber Torrejón decidió rechazar el recurso de excepción de incompetencia interpuesto por Áñez, para que el caso de la designación irregular en una autoridad en la estatal Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) se ventile en un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria.
«Se declara infundada la excepción de incompetencia, en razón a materia impetrada por la ciudadana Jeanine Áñez Chávez. Esta determinación de carácter jurisdiccional no marca estado y es susceptible de apelación», señala la resolución del juez Torrejón.
Ante esta decisión, el abogado defensor de Áñez anunció un proceso por prevaricato contra el juez, por considerar que se forzó un fallo ilegal, cuando corresponde un juicio de responsabilidades.
La defensa recurrió a todos los recursos legales
La defensa recurrió a todos los recursos legales para demostrar que Áñez debe ser juzgada en juicio de responsabilidades, porque esta designación la realizó cuando ejercía el cargo de jefa de Estado.
La Fiscalía imputó a Áñez por cinco delitos, por la designación «irregular» de Karina Leiva Áñez como gerente de la estatal EBA, en mayo de 2020. Ante esta situación, demandó su detención preventiva por seis meses.
Se la acusa de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones, y complicidad, ya que Leiva no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo.
Se presentaron a la fecha tres procesos contra Áñez para juicios ordinarios, de los cuales, uno ya tiene sentencia de 10 años de presidio.
El detalle: golpe de Estado, sedición, terrorismo y conspiración
Uno denominado golpe de Estado I por la presumible comisión de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Por este caso está detenida preventivamente.
Un segundo, por el caso golpe de Estado II, que el 10 de junio se definió con una sentencia de 10 años de prisión para la expresidenta interina, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Está recluida en un penal de mujeres Miraflores de la ciudad boliviana de La Paz (oeste) desde marzo de 2021 y donde la Justicia decidió que cumpla estos diez años de prisión.
El tercero está referido a la designación irregular de su familiar Karina Fabiola Leiva Áñez de Ruiz como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos en el año 2020.
