Se busca crear un sistema de gestión de riesgos para la prevención y lucha contra la corrupción.
En medio de constantes escándalos por presuntos actos de corrupción en el país, el presidente Luis Arce envió este lunes a la Asamblea Legislativa Plurinacional un anteproyecto de ley de creación del sistema de gestión de riesgos para la prevención y lucha contra la corrupción.
El proyecto fue presentado en un acto público realizado en la Casa Grande del Pueblo, que contó con la participación del presidente Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, el ministro de Justicia Iván Lima, además de otras autoridades y dirigentes de organizaciones sociales.
Arce dijo que la corrupción se constituye en una preocupación mundial y que se constató de que este mal está afectando a prácticamente a la totalidad de los Estados, pero que igual está “claramente identificado en el sector privado de todos estos países”.
“Por lo tanto, es un fenómeno global, es un fenómeno que lamentablemente está presente en todo lado y en Bolivia también estructuralmente lo ha estado presente por mucho tiempo”, sostuvo.
Recordó que ya se emitieron en el país varias normas de lucha contra la corrupción, como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, “que han ido básicamente a castigar a quienes están en este tipo de actividades ilícitas e irresponsables con la sociedad”.
“Pero sin duda, donde apuntamos con esta ley es también a dirigir la artillería hacia la prevención, vale decir, que no solamente hay que castigar cuando se descubre algo, que eso está en manos de la justicia y que normalmente, algunos de estos casos, no llegan a feliz término para la sociedad”, señaló.
Uno de los últimos escándalos por presunta corrupción fue registrado en el país después de que se descubrió un supuesto cobro de coimas de las obras adjudicadas en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
En ese sentido, Arce afirmó que el nuevo proyecto de ley “tiene la virtud de identificar las cuentas donde se van a depositar los recursos del Estado” y consideró “que es el hecho más relevante de la medida al margen de ampliar el castigo y todo ello a diferentes acciones de corrupción”.
“Esto va a abarcar no solamente a las obras que van a hacer todas las unidades del Gobierno nacional, sino de gobiernos municipales y gobiernos autónomos departamentales. Cuando firmen un contrato con una empresa privada, se va a solicitar a todas las empresas privadas que se adjudicaron obras (…) que abran una cuenta donde se van a depositar el 100% de los recursos que el Estado se compromete al ejecutarse una obra, por lo tanto, en esa cuenta se van a poder determinar los gastos que realicen las empresas privadas en la (ejecución) de la obra señalada en el contrato respectivo”, explicó.
Aseguró que se hará el seguimiento correspondiente a donde se estén efectuando los pagos y la utilización de estos recursos e incluso adelantó que, en el marco constitucional, se solicitará a las empresas privadas que de manera voluntaria “puedan prescindir del secreto bancario” para esa cuenta donde van a recibir los recursos de los bolivianos.
