Durante una entrevista con La Razón Radio, el coordinador señaló que la exautoridad edil paceña “fue actor para la movilización de funcionarios de la Alcaldía” en los conflictos de 2019. Ante la consulta de las pruebas con las que contaba, dijo que hay “memorándums” para que los servidores públicos, por dos semanas, “salgan a bloquear las calles de La Paz, hay grabaciones”.

El abogado Rolando Cruz, aclaró que es “un nuevo proceso” también contra Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Fernando Camacho, Waldo Albarracín, Samuel Doria Medina, el excívico potosino Marco Pumari y parte del gabinete de Áñez: Karen Longaric (Canciller), Jerjes Justiniano (Presidencia), Arturo Murillo (Gobierno), Luis Fernando López (Defensa), José Luis Parada (Economía), Arias (Obras Públicas), Roxana Lizárraga (Comunicación), Álvaro Coimbra (Justicia), Mario Ordóñez (Desarrollo Rural), María Elva Pinkert (Medio Ambiente) y Álvaro Guzmán (Energías).

Los delitos por los que se denuncia a estas 17 personas, de las cuales 11 son exministros, es por “atribuirse derechos del pueblo, atentados contra el Presidente y otros dignatarios del Estado, instigación pública a delinquir, organización criminal y genocidio”, detalló Cruz.

Michel sostuvo que, en la gestión de Arias, como titular de Obras Públicas, hubo varios hechos de corrupción con las empresas estatales. “Hicimos una investigación (…) tenemos la capacidad de demostrarlo”, afirmó.

Respecto al nuevo proceso, el ahora alcalde de La Paz dijo: “Creo que seguir hurgando atrás y seguir queriendo perseguir a más líderes políticos, cuando los que escaparon están libres, nadie habla de los que han escapado, yo creo que seguir insistiendo en eso es un error”.

La otra causa es la ampliación de la denuncia del caso Golpe de Estado I, presentada ante la Fiscalía de La Paz por Víctor Nina, abogado de la exdiputada Lidia Patty, quien originalmente interpuso el caso Golpe de Estado.

Los nuevos denunciados son los expresidentes Mesa y Quiroga; el gobernador Camacho; el exdefensor del Pueblo Albarracín; el exviceministro de Coordinación Gubernamental del gobierno de Áñez Israel Alanoca; y Samuel Doria Medina. Los delitos por los que se amplió la denuncia son “seducción de tropas, instigación pública a delinquir, relacionado con levantamiento armado”, según la descripción del abogado Nina.