La norma enviada a la Asamblea Legislativa plantea la renuncia voluntaria al secreto bancario y sube a ocho años de prisión la pena por falsificar declaraciones juradas.
La viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos, señaló que el anteproyecto de Ley de Creación del Sistema de Riesgos para la Prevención y Lucha contra la Corrupción busca generar mecanismos de prevención y evitar potencial daño económico al Estado.
Explicó que la norma estipula que las empresas que sean contratadas por el Estado levanten su secreto bancario voluntariamente para evitar el desvío de fondos a actividades ilícitas.
La ley pretende cruzar información entre declaraciones juradas y las instituciones, como el registro de bienes inmuebles y automotores para identificar el nivel patrimonial de los servidores públicos. “Nos va a permitir generar alertas”, dijo en entrevista con La Razón Radio.
Afirmó que si algún funcionario presenta una declaración jurada falsa se procederá a la sanción de hasta con ocho años de cárcel. También aclaró que la ley será una norma complementaria a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuya legislación tiene por objetivo luchar contra la corrupción y proteger al Estado.
En medio de escándalos por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el presidente Luis Arce envió a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley de lucha contra la corrupción para evitar actos ilícitos en instituciones del Estado.
