El director de la oficina en Chile de Amnistía Internacional (AI), Rodrigo Bustos, llamó al Gobierno de Gabriel Boric a aclarar si impulsará o no su prometida reforma policial, una de las «deudas pendientes» identificadas por la organización en el marco del lanzamiento anual de su informe sobre la situación de los Derechos Humanos alrededor del mundo.
«Uno de los compromisos más relevantes que tenía el Gobierno era llevar adelante una reforma a las policías. En algunos momentos se llamó refundación, en otra reforma, pero la verdad es que hoy no hay nada en esa dirección que esté en curso», dijo Bustos en conversación con EFE.
«Eso nos parece preocupante. Desde AI le preguntamos derechamente al presidente Boric ¿llevará adelante una reforma a las policías como fue parte de los compromisos en su programa de gobierno, o bien esta reforma quedará definitivamente de lado?», interpeló el director de AI Chile.
Cabe recordar que el cuerpo de Carabineros (policía militarizada) fue duramente cuestionado y señalizado por múltiples organizaciones internacionales debido a «generalizadas violaciones» a los derechos humanos ocurridas durante la ola de protestas que sacudió al país a fines de 2019, protestas multitudinarias que pusieron en jaque al gobierno del expresidente Sebastián Piñera y se transformaron en la crisis más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
«Creemos que incluso todo el debate relacionado con la delincuencia en nuestro país tiene que abordarse de manera seria, y esa seriedad implica -entre otras cosas- retomar la discusión sobre una reforma a las policías que no solo tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, sino también con dotarlas de una preparación que les permita realizar bien su trabajo y que cuenten con todo el equipamiento que les permita prevenir afectaciones a su integridad», señaló Bustos.
Avance del negacionismo
Además, desde AI Chile identificaron un «retroceso en cuanto a discursos de odio, discursos antiderechos y negacionismo», fenómenos que, a juicio de la ONG, deben ser enfrentados con especial ahínco en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende (1970-1973).
«Debemos avanzar hacia una regulación del negacionismo y avanzar hacia un fortalecimiento de la educación cívica y en Derechos Humanos para que realmente en el futuro del país se haga efectivo el nunca más», agregó Bustos.
Las revueltas de 2019 dejaron más de una treintena de muertos y miles de heridos, señalamientos por violaciones generalizadas a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad por parte de Naciones Unidas y Human Rights Watch, además de episodios de violencia que llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5.000 causas por delitos cometidos en las marchas.
Para encauzar el descontento social por la vía institucional, políticos de todos los sectores acordaron un proceso constituyente para dejar atrás la carta magna escrita en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada luego en 2005.
La propuesta de nueva ley fundamental fue rechazada por un 60 % de la población y hoy la discusión constituyente vive una segunda fase con nuevas elecciones en mayo próximo para conformar un nuevo órgano redactor.
