La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, acusó a «actores políticos» de generar desinformación sobre los contratos del litio boliviano. Indicó que el objetivo es rezagar la industrialización de este recurso.
“Hay una desinformación con intenciones políticas, sin duda alguna, para que Potosí y los bolivianos otra vez quedemos rezagados en el tema de la industria. ¿Qué quieren?, que se lleve adelante y se exporte simplemente materia prima y no exista industria, otra vez relegar a Bolivia del ‘boom del litio’”, explicó la autoridad, en una conferencia de prensa realizada este miércoles.
Alcón aseguró que los contratos de litio son beneficiosos para el Estado. Por ello, agregó, es importante que la población esté informada para que «Bolivia cumpla con este proceso de industrialización de este recurso natural».
“Este contrato significa ingresos de acuerdo a los recursos y, además, se utilizará menos del 2% de todo el salar que tenemos para generar industria. También existe un complejo industrial que va ligado a ello”, explicó.
Asimismo, destacó que la industrialización en el país se realizará con Extracción Directa del Litio (EDL), que requiere menos recursos de agua comparada con otras tecnologías. “Entonces es importante que la población conozca y de manera transparente se lleve adelante un proceso de socialización. Este trabajo está llevando adelante el YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos), lo ha hecho en Oruro, lo está haciendo en Potosí con los distintos actores”, dijo.
En septiembre de 2024, YLB y la empresa rusa Uranium One Group firmaron el primer contrato para producir 14.000 toneladas (t) de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, Potosí, utilizando la tecnología EDL, con una inversión superior a los $us 970 millones.
Posteriormente, en noviembre de ese año, YLB y la empresa china Hong Kong CBC suscribieron otro contrato para el emplazamiento de dos plantas de producción de carbonato de litio, también con tecnología EDL, de 10.000 y 25.000 toneladas anuales de capacidad con una inversión de 1.030 millones de dólares.
Es decir que “si se aprueban los dos contratos, se garantiza la llegada mediata de unos 2.000 millones de dólares y, la producción, en los siguientes años, de al menos 50.000 toneladas (t) anuales de carbonato de litio”, según los datos oficiales.
Los proyectos de ley para la aprobación de esos contratos actualmente se encuentran en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su correspondiente tratamiento.
