El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, este lunes en conferencia de prensa explicó qué hay tres razones por las que no aprobaron el proyecto de ley 372 de»Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes» entre ellos el que fomenta las prácticas sexuales a partir de los 12 años.
«El Presidente ha presentado el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, él es el que está proponiendo este proyecto de ley. En este proyecto de ley incorpora de contrabando un artículo que nada que ver en la lucha contra la pedofilia y la pederastia, un artículo donde está promoviendo y fomentando las relaciones o prácticas sexuales consentidas con niñas y niños a partir de los 12 años siempre y cuando la otra parte de la relación no tenga una diferencia mayor de 3 años a la niña o niño de 12», detalló.
Según el legislador este es un artículo, está «totalmente fuera de lugar» de la lucha contra la impunidad en delitos sexuales en contra de los niños.
Además, que esta ley busca la eliminación a la preinspección e ir en contra de la Constitución, que las decisiones judiciales sean tomadas por una comisión denominada de la verdad. Según el legislador, esa comisión estará politizada.
«El artículo 123 dice la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral cuando lo exprese a favor de los trabajadores y en materia penal cuando beneficie al imputado y el alcance que le quiere dar el Gobierno a esta ley es con relación a la eliminación a la pre inspección, (…) será una comisión de la mentira», sostuvo.
54 diputados, entre «evistas», de CC y Creemos, rechazaron la aprobación del proyecto de ley contra la impunidad en delitos sexuales contra menores. El proyecto normativo fue impulsado por el Gobierno tras conocerse las violaciones cometidas por sacerdotes de la Iglesia Católica, como el fallecido Alfonso Pedrajas, quien confesó que violó a 85 menores, la mayoría en el colegio Juan XXIII de Cochabamba, y otros miembros de la Iglesia Católica.
La iniciativa legal establece mecanismos de lucha contra la impunidad en delitos contra la libertad sexual, cometidos en contra de los menores de edad.