A raíz de esta intervención, en Riberalta se inició un bloqueo en protesta por la aprehensión de los balseros. Este lunes iniciaría un paro cívico indefinido
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) manifestó este domingo que las 57 personas que fueron aprehendidas durante un operativo policial en las riberas del río Madre de Dios, en el departamento de Pando, acusadas de extraer ilegalmente oro, no contaban con alguna autorización para realizar la actividad minera.
La entidad también apuntó a la Cooperativa Minera Aurífera Asobal Madre de Dios (Asociación de Balseros), a la que están afiliados los aprehendidos, señalando que -con base a información técnica en la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero- pese a estar registrada en la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP), no cuenta con derecho minero en los puntos inspeccionados e intervenidos por el Ministerio de Gobierno.
“Las acciones operativas se realizan con información respecto a un área y no a una persona natural o jurídica, en este marco, corresponde aclarar que las áreas intervenidas se encuentran en trámite de solicitud de Contrato Administrativo Minero requerido por terceros, es decir, las personas aprehendidas no contaban con autorización para realizar actividad minera, por tanto, su trabajo era ilegal”, señala el pronunciamiento.
Además de la aprehensión que se ejecutó sobre los balseros la tarde del viernes 14 de julio, los agentes policiales y militares destruyeron 27 dragas y secuestraron armas de fuego. Tras esa intervención, en Riberalta se desarrollaron medidas de protesta, principalmente en el aeropuerto, y el sector cooperativista minero de la región se declaró en emergencia por la decisión del Gobierno.
A esto se suma que diversas organizaciones de ese municipio beniano bloquearon diferentes vías troncales y no descartaron que la medida sea de manera indefinida hasta que sus afiliados sean liberados.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aseguró que se les ha respetado todos y cada uno de sus derechos a las personas desde el momento de su aprehensión hasta su puesta en conocimiento de las autoridades correspondientes
Explicó que, una vez detenidos en Riberalta, fueron trasladadas a Cobija y posteriormente llevados a la ciudad de La Paz, donde asegura que se les brindó alimentación, salud y se atendieron todas y cada una de las necesidades de las personas privadas de libertad, y que en ese sentido no se han transgredido sus derechos.
