Tras conocerse sobre la monetización de gran parte de las reservas y la baja adquisición de oro por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, advirtió que desde el ala “evista” en el Movimiento al Socialismo (MAS) se ejecuta un boicot para que sectores dedicados a la explotación de este mineral eviten venderlo al Estado.
“Para mi este es un boicot del ala evista para crear mayor crisis, no económica pero si de divisas”, declaró la parlamentaria en declaraciones a medios de prensa.
En ese sentido, recordó que el objetivo de la denominada “Ley del Oro” era que ciudadanos puedan vender oro al BCB en bolivianos y el Estado posteriormente los venda en dólares, con el fin de captar divisas para el país, hecho que no sucede porque sectores dedicados a la explotación de este metal no están optando por esta vía.
“Lo que está aconteciendo y que no se esté recatando el oro de la forma que se esperaba, es que los ciudadanos que se dedican a la explotación de este recurso no lo están entregando porque responden a otros intereses políticos”, dijo.
Sobre la monetización de gran porcentaje de las reservas, Salame sostuvo que esa posibilidad ya estaba prevista en la redacción de la normativa, además de haberse establecido un límite para esa transacción.
“La ley permite que se venda hasta 20 toneladas, eso no está fuera de norma. Estaba previsto vender esa cantidad”, indicó.
El viernes, mediante un comunicado, el BCB informó que, en el marco de la Ley 1503 de Compra de Oro destinada al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales y su reglamentación, se remitió a la ALP el Informe de Operaciones con las Reservas de Oro, cumpliendo con los plazos establecidos por la citada norma. En la nota se detalla que desde la vigencia de la norma, se adquirió 205 kilos de oro fino.
“A la fecha, el Ente Emisor ha comenzado a realizar operaciones de compra de oro fino activamente ya que en dos meses de vigencia de la reglamentación de dicha ley, las mismas alcanzan a 205 kilos de oro fino, que representan cerca del 30% de lo adquirido por el Ente Emisor en 12 años de vigencia de la norma previa”, señala parte del informe.
