La señora Agustina Yujra recuperó su vivienda, ubicada en la zona San Antonio, luego de 16 días de haber sido desalojada por un “error judicial”.
Acompañada de los vecinos, autoridades de los ministerios de Gobierno y Justicia, y la Defensoría del Pueblo, la adulta mayor ingresó a su vivienda después de haber pernoctado en una carpa en el ingreso de su vivienda.
Emocionada y con lágrimas, agradeció a quienes la apoyaron para lograr la devolución de su hogar y ahora pide que le restituyan sus cosas y que se responda por los perjuicios que le ocasionaron.
“Gracias por haberme ayudado, gracias a todos, gracias a mis vecinos que día y noche me han acompañado”, expresó con alegría la señora Agustina.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseveró que se investigará este caso y se sentará un precedente para que actos similares no vuelvan a repetir.
Además, garantizó su apoyo a la adulta con el resguardo de la vivienda y adelantó la entrega de víveres.
“Gracias a las gestiones del Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y a las vecinas de la señora Agustina se ha podido revertir la decisión judicial con la cual vamos a poder restituir a la señora a su domicilio”, indicó.
La adulta mayor recuperó su bien inmueble con una autorización judicial. El director de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu) del Ministerio de Justicia, Aldo Torres, explicó que ahora se exigirá la devolución de todos los objetos que se llevaron.
El 13 de julio, la adulta mayor fue desalojada de su vivienda que adquirió hace 50 años. Según vecinos fue sacada de su vivienda de forma violenta, no la dejaron ingresar, ni sacar sus pertenencias, por lo que tuvo que dormir en una carpa prestada que instaló en la calle.
El juez Fausto Calle, que ordenó el desalojo, admitió que hubo una confusión por el número de folio real porque debían desalojar otra vivienda. El Ministerio de Justicia, mediante el Sijplu, patrocinó legalmente a la señora hasta lograr que se restituyan sus derechos.
Esta cartera de Estado brinda servicios legales, psicológicos y sociales de manera gratuita a toda población en situación de vulnerabilidad.
