Un predicador “ciego”, un fiscal que pedía que le paguen damas de compañía y funcionarios de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que pasaron a trabajar para los acusados son los protagonistas de la “millonaria estafa”, cometida a través de la cooperativa El Buen Samaritano, que dejó miles de víctimas.
El principal denunciado es un predicador que afirma padecer “discapacidad visual total” cuando lo cita un juez o la Policía, pero que los domingos lee la biblia y da sermones “sobre la corrupción en la vida del hombre” que transmite por RRSS.
“Es una millonaria estafa cometida por un falso ciego”, asegura el coronel del servicio pasivo Sebastián Claure, el principal denunciante. Él, según los registros de la misma cooperativa, es una de las 45.000 víctimas.
Una resolución del Ministerio de Economía revela que hasta 2015, la cooperativa El Buen Samaritano reportaba una pérdida de 91,3 millones de dólares; por lo que, en 2017, fue conminada por la ASFI a ingresar a una “liquidación voluntaria”.
“Fue una quiebra fraudulenta, sólo querían quedarse con el dinero de la gente”, sostiene Claure quien denunció “la millonaria estafa”. Junto a su esposa, lleva nueve años en tribunales tratando de recuperar el millón de dólares que entregó. Por ese capital, que significaba los ahorros de toda su vida, les prometieron el 10% de interés.
El predicador
Hoggier Hurtado Áñez es predicador de Comunidad Cristiana de Santa Cruz y principal acusado de la estafa. Desde 2015, asiste a estrados judiciales -cuando logran que se presente- con gafas, bastón y ayuda de lazarillos. Su amplia hoja de vida como presidente o miembro de entidades financieras queda opacada por decenas de denuncias por estafa y estelionato que, en diferentes circunstancias y fechas, se presentaron contra él, su familia y sus socios.
“Desde la cooperativa engañaron a los socios con la propuesta de devolverles su capital en terrenos. En mi caso en 2014) pretendían que yo acepte lotes, que están ubicados en la provincia Warnes de Santa Cruz, a 50 dólares el metro cuadrado pero esas tierras tienen sobreprecio; ellos las compraron a 20 centavos de dólar el metro cuadrado en 2009. Era una burda estafa de este pastor y sus secuaces”, denunció Claure a Página Siete.
Entre 2008 y 2013, Claure depositó 1.028.010 dólares, divididos en 23 Depósitos a Plazo Fijo (DPS) o, como el reglamento de cooperativas emitido por la ASFI también autoriza, en Certificado de Aportación Remunerado (CAR). Hoggier Hurtado era entonces el presidente del Consejo Administrativo de El Buen Samaritano, con poder sobre la gerencia general y las departamentales.
Parte del dinero depositado por Claure en la cooperativa provenía de los ahorros de la familia de su esposa, que le habían sido confiados para que los administre y genere otros ingresos. Pero la mayor parte del capital provenía de los ahorros en sus más de 30 años de carrera en las Fuerzas Armadas.
En las negociaciones que el coronel mantuvo con directivos de la cooperativa, éstos trataron de cambiar las cláusulas de los contratos -estrategia que funcionó con la mayoría de las víctimas- por medio de resoluciones aprobadas en “supuestas asambleas de socios, pero que sólo eran decisiones de un grupo dirigido por Hurtado”; disminuyeron el pago del interés de 10% a 3%, sostiene Claure, quien no aceptó ninguno de los ofrecimientos. Así comenzó un litigio legal que lleva ya nueve años.
El Buen Samaritano
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunitario El Buen Samaritano Limitada fue fundada en 1965. Alcanzó a tener 45.000 socios y hasta 2014 captaba ahorristas en sucursales de todo del país con masivas campañas publicitarias.
Se presentaba como una institución financiera con solvencia económica mayor a la de un banco. Sin embargo, de acuerdo con la resolución jerárquica 040/2017, firmada por el entonces ministro de Economía, Luis Arce en 2015, El Buen Samaritano ya tenía pérdidas de más de 91,3 millones de dólares.
Los 45.000 socios y ahorristas pasaron a ser víctimas que no podían recuperar sus depósitos; sin embargo, no hubo convulsión social ni intervención de la ASFI. A lo largo de los años, la mayoría de los afectados negociaron la adjudicación de terrenos a cambio de los montos que les adeudaban “para no perderlo todo”
“Es mentira. Es una pena, un error catastrófico del Ministerio de Economía, cuyos técnicos ratificaron un informe de la ASFI. Cometieron un error y lo puedo demostrar”, dice con indignación el actual gerente de la cooperativa, Boris Borda.
Habla con Página Siete en la última oficina que mantiene El Buen Samaritano en Santa Cruz; alguna vez fueron 15 en todo el país. Borda muestra un estado financiero “auditado” y asegura que las pérdidas de la cooperativa no eran de 91 millones de dólares, sino de 91 millones de bolivianos y que no eran reales sino “proyecciones”.
No obstante, la resolución firmada por Arce nunca fue desmentida oficialmente y figura como uno de los principales fundamentos por los que la ASFI despojó, en 2013, a El Buen Samaritano de su Certificado de Adecuación. En teoría, sin esa certificación, la entidad no estaba autorizada para captar ahorristas ni para operar modificando sus normas internas, como lo hizo en los siguientes años.
Borda dice que actualmente “sólo se debe a 944 socios, 33 millones de bolivianos”. Ellos están divididos en grupos cuyas discriminaciones financieras no son muy claras.
Asimismo, por medio de una nota dirigida a este medio, el director general (interino) de la ASFI, Reynaldo Yujra, señaló que, al no haber cumplido con los requisitos, la cooperativa no está bajo la regulación de esa institución. En consecuencia, sostuvo, la ASFI tampoco puede procesar las denuncias.
Sin esa fiscalización, los últimos socios de la cooperativa sólo pueden tener esperanzas en que les toque algo de los últimos 15 millones de bolivianos que la cooperativa tiene para liquidar la deuda, según los datos de Borda, quien ocupa el cargo desde marzo de 2018. Sobre su gerencia, está el Consejo Administrativo de Liquidación, presidido por Jorge Antonio Montoya, uno de los acusados en el proceso abierto por Claure.
Esos son los datos oficiales para la cooperativa, pero por fuera existen decenas de denuncias contra Hurtado y sus excolaboradores, por estafa con múltiples víctimas. “Nunca se declaró una quiebra. Lo que por conminatoria de la ASFI se hizo, para evitar un escándalo financiero, fue ingresar a una liquidación voluntaria de la institución”, afirma Borda.
Juicio civil
En enero de 2014, Claure dejó de recibir el pago de intereses por el millón de dólares que había depositado. Entonces recurrió a un proceso ejecutivo o juicio civil que ganó a El Buen Samaritano en 2015.
El juez ordenó el remate de los bienes de la cooperativa y el pago del capital y el interés en mora que para ese año ya se había incrementado a 1,67 millones de dólares. Pero Hurtado y el resto de implicados recurrieron a otras estrategias: lograron transferir a nombre de terceras personas los bienes secuestrados y ahora la deuda no puede ser cobrada.
Ese mismo año el coronel Claure inició el proceso penal por estafa, asociación delictuosa y delitos financieros caratulado como Caso LPZ 1511133, del cual la Fiscalía de La Paz no dio información para este reportaje. En estos siete años cambiaron a cinco fiscales, ninguno logró que Hurtado y otros 30 implicados sean detenidos.
Claure no sólo perdió años, sino también recursos en este segundo proceso penal, pues se vio obligado a pagar pasajes y viáticos a su abogado y otros funcionarios que debían viajar hasta Santa Cruz para tomar la declaración de Hurtado y sus socios.
En 2018, el conductor de un motorizado que bajaba en contrarruta por la Autopista La Paz- El Alto se estrelló contra el vehículo de Claure, quien se dirigía al aeropuerto para viajar a Santa Cruz. El accidente dejó secuelas al denunciante, como problemas de habla y cefaleas que requieren medicación diaria.
Entre otros gastos que hizo el coronel en estos años de litigio, figuran los pagos a funcionarios judiciales. En 2018, el diputado Rafael Quispe denunció al fiscal anticorrupción Omar Mejillones, encargado del caso, por pedir dinero “prestado” a Claure a cambio de su ayuda.
El fiscal denunciado
“Apersonamiento. Presenta denuncia en contra de una rejilla de fiscales corruptos que usted protege (…) como parte denunciante ante su autoridad en contra de Omar Alcides Mejillones Copana, Edwin José Blanco Soria (exfiscal departamental) y Randal Mardóñez”, señala parte del memorial que el exdiputado Rafael Quispe presentó, en mayo de 2018, ante fiscal general, Ramiro Guerrero.
Quispe detalló que los pedidos de dinero comenzaron el 15 de agosto de 2017, cuando en estado de ebriedad Mejillones visitó a Claure en su domicilio de la zona Sur; le dijo que el trabajo de su abogado, Jhonny Castelú, era deficiente y le propuso “ayudarlo”. Mejillones llamó al denunciante al menos en cuatro oportunidades y lo citó en casas de citas donde le pidió “préstamos” para pagar las bebidas consumidas y a las damas de compañía.
El exdiputado aseguró que el fiscal general Blanco, en lugar de colaborar con la acción directa contra Mejillones, lo alertó y desmontó el operativo que estaba en marcha con Inteligencia de la Policía. Mejillones fue sometido a medidas cautelares ante un juez, pero no fue encarcelado ni destituido. ¿La razón? tenía un hijo recién nacido y gozaba de inamovilidad laboral.
“En el caso de estafa, Mejillones y Carmelo Laura levantaron anotaciones preventivas de bienes de El Buen Samaritano, sin tener autoridad (legal) para ello”. Ésa es una de las varias observaciones que realizó Claure ante el actual fiscal departamental, William Alave.
Tras siete años de iniciado el caso penal, la audiencia cautelar de Hurtado continúa pendiente y en papeles sólo figuran estériles declaratorias en rebeldía en contra del predicador “ciego”, emitidas en 2018 y 2020.
El Fiscal Departamental no atendió a las consultas de Página Siete sobre el estado del proceso contra Mejillones. Éste tampoco respondió a los requerimientos, en medio de ajetreos por la sentencia contra la expresidenta Jeanine Añez, en el caso golpe de Estado II, en el que es uno de los principales fiscales.
En su momento, el exdiputado Quispe presentó ante el juez audios, recibos de los centros nocturnos y fotografías de Mejillones y su asistente, en total estado de ebriedad, dormidos en la sala del coronel. En las conversaciones, el fiscal implicaba a sus colegas en el favorecimiento a Hurtado y El Buen Samaritano.
Familia unida
La esposa de Hoggier Hurtado, Ena Aguayo, y los hijos del predicador, Marco Antonio y Raúl, también fueron denunciados por Claure y otras víctimas. Los exgerentes, abogados y “empresarios que uno piensa que son gente de bien en Santa Cruz” estaban implicados en otras denuncias, afirma la abogada Susana Parada, una de las afectadas por la venta de terrenos en la Forestal del Oriente, de 2016.
Entre los más de 30 exdirectivos y gerentes procesados como cómplices de la estafa de El Buen Samaritano figuran: Patricia Machicado, Miguel Languidey, Kenjiro Sakaguchi Yamamoto, Dikson Encinas y Alan Campell.
El 2 de febrero de 2021, en respuesta a un requerimiento fiscal, la directora departamental del Instituto Boliviano de la Ceguera, en Santa Cruz, Feliciana Calizaya, informó que el IBC no emitió el carnet de discapacidad con el código 50987, que Hoggier Hurtado presentó para acreditar que padece “ceguera total”. Por el hecho se abrió otro caso por uso de instrumento falsificado contra el predicador.
“Pistola en mano”
La historia de esta millonaria estafa habría cobrado otros matices fuera de los estrados judiciales. Hace tres años, el 13 de marzo de 2019, uno de los hijos de Hurtado presentó un memorial ante un juez para acusar a Claure por supuestamente contratar a dos hombres y a una mujer, identificada como Magaly Cueto, para amenazar a su padre. Entre los testigos del hecho estaban las nietas del predicador.
El documento aseguraba que Cueto fue pareja del fallecido narco colombiano Pablo Escobar Gaviria, capo del Cártel de Medellín, pero no presentaba pruebas de esa versión.
Ella y los dos varones -según denunció el hijo de Hurtado- fueron enviados para amedrentar al predicador “pistola en mano”, con el fin de que pague la deuda que tenía la cooperativa con el coronel jubilado.
El incidente, según el memorial, provocó la internación de Hurtado y ésa fue la excusa para suspender una de las decenas de audiencias judiciales que se suspendieron en estos años de proceso. Esas “chicanas” o argucias legales han servido para dilatar otros procesos que luego se cierran por prescripción de delitos o plazos procesales.
El pasado 1 de junio, en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, el abogado de Hurtado dijo que su cliente estaba nuevamente internado en una clínica. Así, el jurista logró que se suspenda la audiencia cautelar en la que el fiscal Julio César Porras debía pedir la detención del acusado. Sin embargo, el domingo siguiente, tras una “milagrosa recuperación”, el pastor “ciego” volvió a leer la biblia para los fieles de su iglesia: la Comunidad Cristiana de Santa Cruz.
Las múltiples denuncias contra Hurtado y su entorno están documentadas en decenas de expedientes judiciales, los que Página Siete consultó para esta investigación en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz.
FamiliCasa, la “operadora”
Mayerlin Bonilla fue gerente de FamiliCasa Bienes Raíces Sociedad Anónima, una de las nueve empresas “fachada” creadas por Hurtado y sus socios para camuflar la malversación del dinero de los ahorristas, según las denuncias.
Bonilla además de confirmar los móviles del fraude, reveló a Página Siete que entre las víctimas está el propio Estado. Explicó que El Buen Samaritano, mediante la inmobiliaria FamiliCasa, vendió al Gobierno terrenos a 50 dólares el metro cuadrado de una tierra que sólo valía 20 dólares por metro cuadrado.
El fin de la creación de esta firma, según Bonilla, era generar ingresos a traves de la venta de los terrenos de la cooperativa, que no producían ganancias. El Buen Samaritano entregó en propiedades un préstamo de más de 40 millones de bolivianos a tres gerentes de FamiliCasa, quienes debían pagar con intereses, según las ganancias de la venta de los inmuebles.
“Todos los bienes que la cooperativa dio a FamiliCasa tenían sobreprecio”, aseguró Bonilla en entrevista con este medio. Sostuvo que por su juventud fue engañada por Hurtado y los miembros del Consejo Administrativo que le instruían cómo hacer las transacciones en las que la incriminaron.
La entidad estatal afectada por la venta con sobreprecio fue el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (Fondesif). Adquirió las tierras para que la misma cooperativa financie créditos a empresas de construcción que debían edificar “viviendas solidarias”, las que nunca se entregaron al Gobierno.
Por este hecho existe una demanda de 3,4 millones de dólares que la cooperativa pretende recuperar de FamiliCasa, que ya no tiene ni representantes ni oficinas. Los demandados son, entre otros, los tres primeros accionistas y gerentes de FamiliCasa, “invitados” a esa sociedad por los miembros de El Buen Samaritano en 2008.
Bonilla aseguró que, con excepción del Fondesif, toda venta de terrenos sólo reportaba pérdidas para FamiliCasa, porque los predios no se podían vender con el mismo sobreprecio con el que la cooperativa se las dio. Además, dijo, varias de las propiedades sólo existían en papeles fotocopiados.
Un informe de auditoría integral emitido por las abogadas Ana María Jaldín y María Gloria Saravia, en marzo de 2016, señala que uno de los tres accionistas de FamiliCasa, César Alberto Aguilera Bruno, tenía “como únicos bienes una computadora, equipo de música, Tv, radio y percibía $us 349”.
El dato toma relevancia debido a que Aguilera, su esposa Claudia Romero y Rolando Antelo Scott recibieron de El Buen Samaritano un préstamo de más de 40 millones de bolivianos, que era el valor de todas las propiedades entregadas por la Cooperativa a FamiliCasa.
“Según el certificado de trabajo, el solicitante (del millonario préstamo) ejerce como jugador de fútbol con una antigüedad de cinco meses y un sueldo de 2.500 bolivianos. (Aguilera) no acredita por ningún medio que tenga experiencia en la comercialización de bienes e inmuebles”, detalla una de las 17 observaciones graves en el informe de las abogadas, realizado en 2016.
En el caso de Romero, la auditoría establece que era “ejecutiva de ventas” en un canal de televisión con un sueldo de 3.000 bolivianos, aunque la única boleta de pago que presentó no era verificable. Scott tenía similares observaciones, pero además, una deuda bancaria de 1.456 dólares.
El informe de la ASFI
Un informe emitido por la ASFI en 2009 -en medio del proceso de adecuación al que se presentaron 53 cooperativas a nivel nacional- reveló que en esa fecha la cooperativa El Buen Samaritano ya presentaba una pérdida de 32,3 millones de dólares.
Sin embargo, la cooperativa continuaba con una masiva campaña publicitaria, no autorizada por la entidad fiscalizadora, para captar más ahorristas y socios a nivel nacional. Ofrecía el pago de un interés de hasta 10% anual.
Según Hoggier Hurtado, en 2014 El Buen Samaritano alcanzó a tener 45.000 socios. Los registros judiciales revelan que los directivos de la entidad ya contaban con múltiples denuncias por estelionato, estafa con víctimas múltiples, uso de instrumento falsificado y hasta delitos financieros relacionados a otras nueve entidades “fachada”.
De la ASFI a la cooperativa
En casi una década, el principal denunciante del caso, Claure, no logró que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero se pronuncie en su favor, pese a todas las notas que intercambió con funcionarios de la entidad. En ellas adjuntó abundantes documentos con la denuncia de la “quiebra fraudulenta y la millonaria estafa”.
Al contrario, tres de los funcionarios de la ASFI que encabezaron la comisión que trató su caso, pasaron a trabajar para la cooperativa denunciada. “Abogaban por El Buen Samaritano, me decían ‘pero señor Claure, sería mejor que acepte esos terrenos’, con total cinismo”, lamenta el coronel.
Raúl Miranda, uno de los funcionarios que en 2009 firmó y otorgó mediante la ASFI, la autorización del Certificado de Adecuación para la cooperativa, en 2011 pasó a trabajar para El Buen Samaritano con un salario de 15.450 bolivianos.
Armando Farfán, otro exfuncionario de la ASFI, pasó a ser gerente general de la cooperativa entre 2014 y 2015; él fue quien propuso cambiar las cláusulas de los contratos. Finalmente, Moisés Emilio Cabrera, quien fue parte del equipo multidisciplinario de la ASFI hasta 2019, es abogado de la cooperativa desde la gestión 2020.
Resolución de quiebra
La pérdida millonaria de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Buen Samaritano “se fue incrementando año tras año, alcanzando al 31 de diciembre de 2015 a 91,3 millones de dólares, producto de su incapacidad para soportar sus gastos financieros, administrativos y operativos a través de la generación de ingresos”, señala la lapidaria resolución administrativa ASFI 081/2017. El texto está citado en la página 48 de la “Resolución Jerárquica MEF/VPSF/URJ – Sirefi Nº 040/2017”, que lleva la firma del entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora.
El documento fue la respuesta a la impugnación que Hurtado presentó, como representante de El Buen Samaritano, contra la decisión que la ASFI tomó el 30 de noviembre de 2016. La resolución Nº 1132 determinó revocar el “Certificado de Adecuación” otorgado por Raúl Miranda a la Cooperativa en 2009. Esto implicaba la ilegalidad de varias acciones que Hurtado realizó contra socios que reclamaban la devolución de su dinero.
Contradictoriamente, la certificación otorgada por la ASFI en 2009 se dio cuando las pérdidas de la cooperativa ya eran de 32,3 millones dólares. Sin embargo, en la impugnación dirigida a Arce, Hurtado aseguró que eran las resoluciones de la ASFI las que le generaban pérdida, porque “dañaban la imagen” de la cooperativa ante sus socios. Exigía con ese argumento un resarcimiento millonario.
Todos los documentos citados en este reportaje fueron brindados por las víctimas, figuran en los archivos virtuales de las instituciones financieras y en los expedientes judiciales. El Ministerio de Economía, la Fiscalía de La Paz y la familia Hurtado no dieron respuesta a los pedidos de contraparte
