“Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal Guerra Jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EEUU”, publicó el exjefe de Estado en sus redes sociales.

El lawfare es un neologismo inglés que se comenzó a usar en los últimos años en nuestra región. A menudo es usado como una manera de interpretar y deslegitimar los juicios por corrupción contra los expresidentes.

Evo Morales

Fue el caso de los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasi; Rafael Correa, de Ecuador y la argentina Cristina Fernández de Kirchner, que denunciaron el uso de la Justicia de sus países en su contra.

“Al igual que muchos presidentes izquierdistas de América Latina, se inventan delitos en mi contra; no respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; me condenan y fusilan jurídica, política y mediáticamente. No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado”, añadió el además expresidente del Movimiento al Socialismo (MAS).

En su criterio, es “víctima” de un “constante bombardeo de difamación e insultos”.

“El Gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares, que no solo buscan eliminarme política y moralmente, sino físicamente. Por eso intentaron envenenarme y matarme”, complementó.

Orden de Aprehensión

El lunes, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó de la imputación formal contra Morales por el supuesto delito de trata de personas con agravante. Además, se emitió una orden de aprehensión y se activó una alerta migratoria para que el investigado no salga del país.

La orden de captura contra el expresidente fue emitida en octubre, pero, según informó, es de “difícil cumplimiento”, debido al “peligro” que representa para la Policía.

“Ese mandamiento de aprehensión no ha podido ser efectivizado de acuerdo a los informes que nos han emitido los asignados al caso como las unidades de la policía. No se podía ingresar al lugar donde se encontraba (Morales) por que existía riesgo para la vida de los policías, como de personas particulares”, indicó.