La mañana de este lunes, la Fiscalía llegó hasta Bajo Llojeta, La Paz, para iniciar una investigación de oficio sobre la mazamorra que causó la muerte de una niña y enterró casas. Por este caso serán citados a declarar los alcaldes de La Paz y Achocalla.
La Fiscalía abrió un proceso penal de oficio por los delitos de estrago con agravante, por la muerte de la niña Camila, de cinco años. El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, indicó que se citarán a los alcaldes Iván Arias y Manuel Mamani.
Las investigaciones buscan establecer quién otorgó el permiso para la remoción de tierra en un cementerio, que habría ocasionado la mazamorra.
Por su parte, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, apuntó a la empresa que pretendía ampliar un cementerio en Achocalla. Dijo que la misma tenía autorización de la Alcaldía de dicho municipio y que deben existir sanciones.
“Es una empresa de Achocalla que ha hecho un movimiento de tierras, ha afectado la situación y tiene que haber una sanción. No tenía que haber ese movimiento porque estamos en una época de lluvias”, dijo, según Urgente.bo.
La Alcaldía de La Paz, por su parte, responsabilizó del movimiento de tierras a la empresa propietaria del Cementerio Los Andes, reportó la Agencia Boliviana de Información.
Un “movimiento en masa” fue lo que propició la mazamorra que generó la obstrucción del sistema pluvial del río Pasajahuira y derivó en al menos 40 viviendas afectadas y familias damnificadas en Bajo Llojeta de la ciudad de La Paz, informó el secretario municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Juan Pablo Palma.
Detalló que las causas de este fenómeno se deben al movimiento de tierras realizado en el sector del Cementerio Los Andes, “el cual ha conformado una plataforma alta, mayor a 20 metros, con altas pendientes y en aires del río, colocada para ampliar áreas de uso en ese sector”.
Desde 2011, este sector tenía deslizamientos activos y en 2020 se registraron los mismos problemas y pese a esto se hicieron movimientos de tierra, añadió, según ABI.
A la cabeza del alcalde Iván Arias, este lunes se presentó ante la Fiscalía una denuncia penal contra los propietarios y representante legal de la inmobiliaria Kantutani, debido al deslizamiento de mazamorra que dejó varias viviendas dañadas y la muerte de la niña de cinco años.
La inmobiliaria Kantutani, propietaria del Cementerio los Andes, a través de un comunicado, aclaró que el embovedado del río Pasajahuira se encuentra a 1.5 kilómetros del camposanto y la mazamorra no fue producto de los movimientos de tierra realizados para la estabilización del parque de la empresa.
La empresa informó que las verificaciones técnicas que respaldan su aclaración “se darán a conocer en el menor tiempo posible para evitar malos entendidos y especulaciones tendenciosas”.
