Más de 60 familias se ven afectadas por la contaminación del agua, una situación que les priva de acceso al líquido para consumo humano, sus animales y cultivos.
“Les digo a mis hijos que estudien. En el campo, ya no hay vida”, comenta con tristeza Apolonia Chambi. Ella, al igual que las más de 60 familias del Ayllu San Agustín de Puñaca, sufre las consecuencias de la contaminación del agua debido a la actividad minera.
La falta de agua para el consumo humano, la imposibilidad de llevar a cabo actividades ganaderas y agrícolas son problemas evidentes. No se trata de sospechas, sino de una realidad respaldada por dos informes: uno del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y otro del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), ambos realizados con muestras tomadas de los mismos sitios, que confirman la presencia de metales pesados.
Apolonia, madre de tres hijos y de 54 años, cría unas 100 cabezas de ganado con el objetivo de producir leche y quesos para el mercado y generar ingresos. Sin embargo, su actividad está amenazada por la contaminación del agua. En lo que va de este año, ha perdido 10 vacas debido a enfermedades. “Nuestras vacas ya ni producen leche. Han comenzado a perder peso y debemos suministrarles vitaminas e inyecciones para salvarlas”.
Ella menciona que el agua local es picante, por lo que no se puede consumir. Apolonia se ve obligada a traer agua desde Oruro y almacenarla en un tanque en el techo de su casa, pero debe racionarla cuidadosamente. Solo utiliza lo necesario para preparar su té y comida, pero se enfrenta a un dilema con respecto a sus animales.
Situaciones similares afectan a las cuatro comunidades del Ayllu San Agustín de Puñaca, ubicadas en la provincia de Poopó, en Oruro. En medio de la problemática, surge una pregunta recurrente: ¿A dónde vamos a ir?
EN LUCHA
En 2021, los habitantes emprendieron una acción legal de defensa constitucional mediante una Acción Popular presentada ante una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Su objetivo era exigir la reparación de los daños causados por la contaminación de sus fuentes de agua.
En noviembre de 2022, el Tribunal Constitucional Plurinacional revocó la Resolución 113/2021, emitida el 1 de diciembre, que inicialmente había denegado la tutela. En su lugar, el Tribunal ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), en coordinación con el Ministerio de Salud, el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Poopó, que durante el primer semestre de 2023, planifiquen y llevaran a cabo “un estudio sobre la calidad del agua que se suministra al colectivo indígena con la finalidad de constatar si es apta o no para el consumo humano y uso agropecuario, así como para dimensionar su repercusión en la salud de su población, a fin de que, en su caso, se asuman las acciones pertinentes para rehabilitar el uso del recurso hídrico óptimo para su aprovechamiento; con base en los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional”.
