En Bolivia el tema cobra vigencia a raíz de las recientes declaraciones del presidente del TCP, Paul Franco, de tomar como referencia la Opinión Consultiva de la Corte IDH, sobre que la reelección indefinida no es un derecho humano, cuando ese tribunal deba abordar un caso concreto.
El exprocurador Wilfredo Chávez, el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, y representantes de la zona cocalera del Trópico de Cochabamba están en la primera línea de defensa de la candidatura de Evo Morales para los comicios de 2025.
El tema cobra vigencia a raíz de las recientes declaraciones del presidente del TCP, Paul Franco, de tomar como referencia la Opinión Consultiva de la Corte IDH, sobre que la reelección indefinida no es un derecho humano, cuando ese tribunal deba abordar un caso concreto.
“Vamos a responsabilizar a este señor (Franco) y a todos los miembros del Tribunal Constitucional de la próximas convulsiones y conflictos que pueden existir en el país, porque nosotros estamos preparados. Tocan a Evo, tocan el hormiguero a nivel nacional”, aseguró este martes en rueda de prensa el diputado Gualberto Arispe, representante del Trópico de Cochabamba.
La sentencia constitucional 084/2017 inaplicó el artículo 168 de la Constitución, que establece la reelección “por una sola vez de manera continua”. Con esa resolución, en 2019, el entonces presidente Morales se habilitó para postular a los comicios de ese año. No obstante, la Corte IDH, en junio de 2021, concluyó, a través de una Opinión Consultiva, que “la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo”.
En lectura de Arispe, la Opinión Consultiva contra la reelección “no va con el país”, dado que fue elevada por Colombia. “Dentro de nuestra soberanía -expresó el legislador evista- no nos interesa lo que haya sucedido con Colombia”.
No es la única voz que se alza en ese sentido y que está relacionada con esa región cocalera. En el Trópico de Cochabamba, desde la dirigencia se anunció que están dispuestos a defender en las calles la candidatura de Morales para los comicios de 2025.
“No estamos yendo a una reelección, eso quiero que quede claro. Es una nueva elección. Después de 2019 vino un gobierno de facto, después cinco años con Lucho, que es un gobierno democrático, ganamos las elecciones a través de las urnas, y ahora estamos yendo a una nueva elección”, aseguró Vicente Choque, ejecutivo de la Federación Única Centrales Unidas.
En la línea de defensa de la candidatura de Morales también está Wilfredo Chávez, ahora exprocurador. El jurista, que forma parte del equipo legal de la dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), presentó un análisis constitucional relacionado con la Opinión Consultiva de la Corte IDH.
En ese marco, Chávez indicó que la aplicación y entendimiento de la Opinión Consultiva “es de carácter genérico no particular hacia un Estado”, y que las opiniones de ese tipo de la Corte IDH tienen un carácter “orientativo y no vinculante”, además de no ser retroactivas.
Antes de ser Procurador, Chávez fue ministro y abogado de Morales, y ya en el puesto desde la Procuraduría General del Estado, en 2021, impulsó un “análisis” de las actas de las elecciones fallidas de 2019, que fueron anuladas tras la auditoría de la Organización de Estados Americanos. “Puedo decir, en este momento, con total franqueza, que no existió fraude electoral en las elecciones del año 2019”, declaró Chávez en octubre de 2021, cuando se culminó esa labor.
El exmagistrado del TCP Orlando Ceballos también está en la línea de defensa de la candidatura de Morales. El extribuno sostiene que la Opinión Consultiva de la Corte IDH afecta a aquellas personas que ejercen el cargo de Presidente, el cual no es el caso de Morales en la actual coyuntura.
“Evo Morales no está ejerciendo el cargo de presidente. El 2025 va a ser candidato a la presidencia en nueva elección”, manifestó Ceballos, antes de anunciar que tienen una estrategia de defensa tanto para ponerla en marcha en la vía administrativa como en la vía constitucional.
Ceballos fue elegido como magistrado en las elecciones judiciales de 2017 por el departamento de Chuquisaca. En mayo de 2019 renunció al cargo, después de que en marzo de ese año su esposa lo denunciara por violencia.
