Luego de que el CIADI dispusiera el pago por Bolivia de 105 millones de dólares al BBVA, por la nacionalización inconclusa de la administradora del fondo de pensiones, el ex presidente Evo Morales se deslindó del tema, en declaraciones donde se atribuyó la nacionalización de hidrocarburos pero añadió que “de las AFPs estaba a cargo Luis Arce, seguramente va a explicar ese tema”.
La afirmación es por lo menos curiosa, teniendo en cuenta que Morales era el presidente cuando se tomaron las decisiones que condujeron al presente laudo del CIADI. Época en la que solía decir que “le metía nomás y que lo arreglen los abogados”.
Por otra parte, se conoció que en el arbitraje del organismo internacional pesaron mucho ciertas declaraciones del ex vicepresidente Álvaro García Linera registradas en prensa, que evidenciaron la falta de un trato justo al BBVA y una “campaña de hostigamiento con una ola de fiscalizaciones”.
“Toda empresa cometió algún error, siempre, por definición. Te agarras de ese error, lo judicializas, por los efectos del incumplimiento más sus multas son, ponte, 200 millones de dólares, frente a los 350 que pretenden ellos. Y sé que voy a encontrar más problemas que generarán más juicios. Y entonces negocias la indemnización. Eso hicimos con hidrocarburos, con Entel, con todo”, dijo el ex vice en su confesión de partes.
99 avasallamientos
Los avasallamientos de tierras en el departamento de Santa Cruz alcanzaron recientemente un nuevo récord, con un total de 99 tomas (37 predios privados y 62 comunidades). Esto incluye hechos de violencia como el sucedido días atrás en Guarayos, donde los invasores quemaron 30 viviendas y se apoderaron de 8.500 hectáreas, dejando un herido de bala.
Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se advierte una “falta de Estado y de respeto por las instituciones y la vida”, al decir del presidente de la institución, Oscar Mario Justiniano. “Lo que está pasando es que la inseguridad repercutirá en lo que viene a ser una falta de garantía para que el productor siga generando la soberanía alimentaria”, dijo.
La inseguridad jurídica en el ámbito agropecuario viene a sumarse a otras limitaciones importantes, como los cupos de exportación y las restricciones en biotecnología, que ponen freno a un motor fundamental de la economía.
Trigo resistente a la sequía
En relación a esto último, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) anunció que presentará al Comité de Biotecnología Alimentaria una solicitud para aprobar el evento transgénico HB4 en trigo, con mayor tolerancia a la sequía, “para mitigar las pérdidas productivas y económicas de las últimas campañas agrícolas”.
El pedido de liberación de las biotecnologías viene también de la Asociación de Fruticultores y Horticultores (Asofruth), que llevará al gobierno central el reclamo para permitir el uso de semillas transgénicas, que podrían ayudar a duplicar la producción.
Caen las RIN
Aunque el presidente Arce se ufanó de que Bolivia es “una isla alejada de la crisis económica”, en días recientes también se conoció el dato de la caída de un 11% de las Reservas Internacionales Netas (RIN) en lo que va del 2022.
Las RIN pasaron de 4.752 millones de dólares en enero a 4.219 millones de dólares a mediados de julio, según datos del Banco Central de Bolivia. Cabe acotar, además, que sólo un tercio aproximado de esa cifra está disponible en divisas.
Las reservas vienen cayendo en picada desde 2014, cuando eran de 15.123 millones de dólares gracias a los altos precios internacionales de los hidrocarburos. Varios especialistas han señalado que una política de recomposición de reservas requeriría de un mayor apoyo a las exportaciones no tradicionales.
