La audiencia fue solicitada por la defensa de la primera autoridad departamental, a fin de que el juez considere la situación jurídica de su defendido; sin embargo, la Fiscalía argumentó que necesita un plazo de 90 días para seguir con el proceso de investigación y presentar una acusación formal contra Camacho.
El Juzgado 1° de Anticorrupción, Elmer Laura, determinó este miércoles ampliar la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, por otros tres meses, por el caso denominado ‘Golpe de Estado I’.
La audiencia fue solicitada por la defensa de la primera autoridad departamental, a fin de que el juez considere la situación jurídica de su defendido, toda vez que el tiempo de detención preventiva feneció el 28 de agosto de 2023 y por el cual ya cumplió dos plazos.
La defensa pedía que la justicia determine medidas “menos gravosas” a favor de Camacho, considerando que había fenecido el plazo de su detención preventiva y su estado de salud.
Empero, en la audiencia, la Fiscalía argumentó que necesita un plazo de 90 días para seguir con el proceso de investigación y presentar una acusación formal contra Camacho.
Según información de El Deber, en su resolución, el juez afirmó que existen actos procesales pendientes a resolver, como es conocer la triangulación de llamadas entre el exministro de Defensa, Fernando López Julio con los exjefes militares; la declaración del exministro de Presidencia, Jerjes Justiniano Talavera, además de algunos testigos que fueron parte del directorio del Comité Cívico en 2019; y la declaración de Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga.
“Por tanto, se declara infundado el pedido sobre la situación jurídica del imputado Luis Fernando Camacho y se amplía la detención preventiva por el plazo de 90 días”, sentenció el juez Elmer Laura.
Finalmente, la autoridad fijó para el miércoles 29 de noviembre, a las 11:00 horas, la próxima audiencia donde se conocerá la situación del gobernador cruceño que permanece encarcelado desde hace 9 meses con detención preventiva.
Camacho está encerrado preventivamente en el penal de Chonchocoro desde diciembre del 2022 acusado por el delito de terrorismo, y otros, por los conflictos suscitados en noviembre de 2019 y que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
