Históricamente, La Paz es el departamento que concentra el número más alto de casos de este delito y otros conexos, sobre el total nacional. En Santa Cruz, datos municipales reflejan que el problema creció en los últimos años
Las autoridades se esmeran por ver la cara amable de la problemática, pero esta se pone cada vez más compleja. El pasado fin de semana, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó que el país pasó de cero sentencias por trata y tráfico de personas en 2020, a 12 en la gestión 2021. Además indicó que existen 62 casos procesados, “lo que refleja una política decidida para encarar este flagelo mundial”.
Sin embargo, un informe divulgado por el Ministerio Público, como parte del Día Mundial Contra la Trata de Personas, que se recuerda cada 30 de julio, refleja que entre el 1 de enero y el 28 de julio de 2022 se anotaron en todo el país 1.089 casos relacionados con delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos. Según esta cifra, hubo 250 casos más que en 2021, lo que significa un aumento de 23% con relación al mismo periodo del año pasado.
En su reporte, Lima además indicó que se investigarán las denuncias de casos de servidumbre, principalmente en haciendas del departamento de Santa Cruz, pero no mencionó lo que está pasando especialmente en el norte de La Paz, donde investigaciones periodísticas y de organizaciones como Munasim Kullaquita indican que los delitos de trata y tráfico de personas se incrementan desde 2018, a la par de las actividades extractivas como la minería, a cargo de cooperativistas y extranjeros.
De acuerdo a la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, el departamento de La Paz encabezó la lista de los casos, con 434 de los 1.089, seguido por Santa Cruz, con 239, y luego por Cochabamba, con 160.
Los delitos especialmente tienen que ver con la trata de personas, 420 casos, luego viene la corrupción a menores, 238; sustracción de menor incapaz, 186; y pornografía, 108.
Alertas desde 2018
No han sido las instituciones del Estado, sino investigaciones de otro tipo las que desvelaron que una buena parte del incremento de los casos relacionados con la trata y el tráfico de personas, además de los delitos conexos, sobre todo en La Paz, tiene estrecha relación con la exacerbación de nuevos negocios, como es la minería.
En su libro “Crónicas de El Dorado”, y en su reportaje “De La Paz a Mapiri en la ruta amazónica: De la extracción del oro a la explotación sexual de menores”, la investigadora y periodista ambiental Jimena Mercado reveló la conexión entre la explotación sexual comercial de menores, y otros delitos conexos, con el avance del extractivismo en el norte del departamento paceño.
En estos trabajos se muestra la debilidad institucional y centralista, con la carencia de fiscales e investigadores especializados en esta temática en los municipios del norte paceño, al extremo de que las denuncias y seguimiento deben ser realizados en la sede de Gobierno.
“(Para el trabajo) recogimos testimonios de autoridades, personal de salud, defensorías, hay este fenómeno de la trata con fines sexuales, exacerbado a la par de la explotación ilegal del oro en la amazonia, hay presencia de extranjeros chinos y colombianos que demandan este tipo de servicios. Si bien este problema había antes, se ha dinamizado más”, explicó.
Mercado confesó que una de las cosas que más le sorprendió durante sus investigaciones, prolongadas entre 2018 y 2021, fue la cantidad de letreros de niñas y adolescentes desaparecidas en Urujara. “Hay un desastre ambiental que además está generando el social”, agregó.
En el caso de Guanay, la periodista dijo que la defensora de la niñez de ese lugar lamentó la naturalización de la violación a las niñas, “al punto de que se paga el delito con oro, se da una transacción comercial en torno al delito, ya sea contra menor o adulta”, dijo Jimena Mercado.
Según ella, las niñas son llevadas a campamentos en Mayaya y Guanay, algunas llegan a la zona captadas a través de ofertas de trabajo como cocineras, niñeras, etc., que terminan en el ejercicio de actividades sexuales, y en contra de su voluntad.
Santa Cruz
Datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (Obscd) indican que en el país más del 70% de las víctimas de trata y tráfico y delitos conexos son mujeres, y según el rango de edad, el 35% está entre 11 y 20 años, seguido de 21 a 30 años, con el 22%.
Según la nacionalidad, los delitos, la mayoría de las víctimas de trata y tráfico y delitos conexos son bolivianas, seguidas de lejos por haitianas y peruanas, luego venezolanas, brasileñas y chinas.
La Secretaría de Desarrollo Humano del municipio cruceño tiene cifras similares en por porcentajes por sexo. Adriana Pedraza dice que la mayoría son mujeres, y que en lo que respecta a las edades, el 70% de los casos involucra a menores. Explicó que extraoficialmente se habla de fines con tráfico de órganos y explotación sexual comercial, especialmente.
La autoridad reconoció que, si bien se cruzan datos con la Fiscalía y la Policía, a veces cuesta acceder a esa información. Similar testimonio dio la periodista Jimena Mercado, que en su investigación tuvo que recurrir a otras personas para obtener las estadísticas.
La secretaria también reconoció que faltan recursos humanos para esta labor, y que a veces hay que “echar mano” de diferentes organizaciones y fundaciones que trabajan en esta problemática.
En el caso de la instancia municipal, Pedraza reconoció que la mayoría de los casos atendidos se dan por denuncias, tal como pasó con la venta de una bebé de un mes, hace poco, cuando los padres la comercializaron por Bs 2.000, que invirtieron en un teléfono celular.
Para la autoridad, en muchos casos la trata y tráfico puede ser facilitada por situaciones de hogares disfuncionales, abandono de los padres y también por problemas económicos.
